Esto quiere decir, en una simple interpretación, que el 60 por ciento de los hogares de nuestro país no tiene garantizado el esencial derecho al sustento diario.

Los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se hacen eco de una realidad implacable: 4.9 millones de hondureños se encuentran en inseguridad alimentaria en sus distintos grados.

Aunque las autoridades del Gobierno de la Refundación sostienen que más de 800,000 personas salieron de la pobreza en los dos años de gestión de la presidente, Xiomara Castro, las mediciones confiables realizadas por especialistas y organismos externos arrojan que el 73 por ciento de los hondureños son pobres y que el 53 por ciento se encuentra en la pobreza extrema.

Son siete de cada diez personas las que, adicionalmente, se ven confrontadas con el desempleo, la violencia, los efectos del cambio climático y el desabastecimiento o la carencia de alimentos.

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Las zonas rurales resultan ser las más afligidas por la insuficiente producción de bienes de consumo que, a su vez, se explica por los extensos períodos de sequía, la falta de apoyo técnico y crediticio al sector agrícola, la pérdida de competitividad y la atrofia de nuestra economía.

La inseguridad alimentaria ha sido y es un problema de carácter estructural en Honduras. La agricultura es dependiente de los regímenes de lluvia y está basada en la subsistencia, sobre todo en las poblaciones pobres.

En Honduras, el país más pobre y con el aparato productivo más vulnerable de la región, el campo está olvidado. ¡Inaceptable!, porque el sector agrícola representa el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el 35 por ciento del total de las exportaciones.

En razón del debilitamiento de las actividades de siembra y cosecha, hay que devolverle la vida y el valor al campo. Es impostergable que fortalezcamos la inversión en la tierra, a efecto de generar de manera sostenible los alimentos que nuestra población necesita.

¡No puede ser que los segmentos más frágiles de la población son –coincidentemente- los que están en mayor riesgo de caer de la pobreza a la miseria!

La inseguridad alimentaria es una condición que urge de soluciones integrales con voluntad política. ¡Es totalmente inaceptable que seis de cada diez familias no tengan asegurada la provisión de comida en sus mesas y que estén sentenciadas a la calamidad!

Incrementar la generación de riqueza, reactivar la economía y extender la protección social, preferentemente a las comunidades rurales (las más postergadas), son un enorme reto que las autoridades de turno deben asumir para la recuperación del país en medio de la crisis.

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