Honduras figura entre los países del área con el mayor número de solicitudes planteadas por el país del norte para el juzgamiento de nacionales acusados por su presunta participación en actividades del tráfico de drogas.

Desde 2014, el país ha entregado a la justicia norteamericana a 39 ciudadanos, entre éstos al expresidente, Juan Orlando Hernández, y al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.

Y en el presente mes, el Poder Judicial ha conocido cuatro peticiones para la extradición de hondureños, en este caso particular, acusados del trasiego de fentanilo.

Como se sabe, el acuerdo que está vigente entre ambos Estados desde 1909, permite la entrega de ciudadanos que estén acusados de asesinato, narcotráfico y terrorismo.

En lo que corresponde a Guatemala, este país tiene en ejecución un tratado desde 1930. La Subdirección de Análisis de Información Antinarcóticos y la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público informaron que han sido capturados siete personas, entre ellas una mujer.

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Y en 2023, esa nación centroamericana reportó alrededor de diez capturados y extraditados bajo imputaciones de narcotráfico, en 2022 fueron capturados 27, y en 2021 sumaron 57 los señalados por la justicia estadounidense.

El Ministerio Público de Guatemala detalló que 12 de los 27 detenidos el año pasado ya fueron llevados a Estados Unidos, mientras que, de un total de 57 capturados en 2021, 51 ya guardan prisión en Estados Unidos.

El historial de extradiciones de salvadoreños está dirigido a miembros de asociaciones ilícitas, particularmente líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Para el caso, en 2022 fueron extraditados dos sujetos activos de ese grupo delictivo que ha sido considerado como “organización criminal internacional”.

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Y el año pasado la Corte Suprema congeló la extradición de cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha, tres de ellos miembros fundadores, con el argumento de que debían de pagar condena previa en El Salvador y que su entrega requería “mayor análisis constitucional".

El sitio especializado InSignt Crime apunta en sus análisis que “ese país centroamericano parece haber dado un giro respecto a la extradición de pandilleros, en medio de la creciente presión de Estados Unidos y rumores del hampa.

En lo que importa a Honduras, la infiltración de redes delictivas en casi todas las esferas del país tiene un fuerte impacto sobre las instituciones, sociedad, la democracia y el Estado de Derecho de Honduras al que algunos ya tildan de “narco-Estado”.

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