El “nepotismo” se ha convertido en una mala e ilegítima práctica en la administración de la cosa pública. Hace apenas unos días escuchamos de la propia voz de la ministra de Salud, Carla Paredes, que ha contratado a su hermana para que administre los fondos de programas especiales de esa cartera ministerial, con el pretexto de que “no confía en nadie más”. ¡Qué explicación, ¿no?! ¡Qué justificación!
Por desgracia, la colocación de familiares o amigos en determinadas funciones o el otorgamiento de favores, al margen de los principios de mérito y de capacidad, es un modelo que ha desnaturalizado el servicio en el Gobierno y quebrantado el cumplimiento de las leyes.
Éste ha sido y continúa siendo un patrón que alienta los abusos desde el poder y que encubre los actos de podredumbre de los parientes y allegados íntimos que son colocados en tal o cual cargo público.
El nepotismo es una “bofetada” de los políticos que en las campañas se comprometen a velar por la transparencia y la rendición de cuentas, pero que –una vez alcanzado su propósito en las urnas- terminan por traficar influencias, repartir puestos y entregar salarios descomunales a sus “parientes o amigos enchambados”.
La “parentela y el amiguismo”, que son un caldo de cultivo de la corrupción y de la impunidad, han existido siempre y en el “poder popular” tienen clara efectividad.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha mantenido el dedo sobre la llaga. Recordamos que, en su oportunidad, este organismo denunció que “actualmente, el mandato gubernamental ha sido adquirido por una sola familia, lo que ha permitido que este núcleo íntimo ocupe cargos importantes”.
En las gestiones de los exmandatarios Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, también se entregó un extraordinario poder a su extensa parentela y a su densa población de amigos.
Ahora mismo está en la mesa de las deliberaciones un proyecto de Ley contra el Nepotismo. Recordamos que hace casi una década el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, había recomendado la necesaria aprobación de un cuerpo legal para detener este tipo de abusos.
Es un planteamiento válido, siempre que no sea una hipócrita declaración de guerra contra la corrupción ni una falsa promesa de adecentar la administración pública.
Porque la falta de diligencia, el desconocimiento de las leyes, la ignorancia respecto a los procedimientos administrativos y técnicos de la cosa pública, además de la ordinariez de la casi totalidad de los servidores públicos son los “pecados” a que da origen el tráfico de influencias para favorecer la llegada de parientes y de amigos al poder.
