Ahora mismo, la Corte Suprema de Justicia está sumida en un conflicto provocado por una antojadiza interpretación del orden de precedencia en la coordinación de las salas integrantes.
De esta situación crítica se han hecho eco altos funcionarios de Estados Unidos, quienes han expuesto su preocupación por la ruptura de los principios de independencia de los Poderes y por el incumplimiento de la normativa interna del máximo tribunal de justicia.
Es un criterio generalizado que la designación de jerarquía en las salas especiales de la Corte Suprema de Justicia, particularmente la de asuntos constitucionales, violenta la normativa interna, en una réplica del “autoritarismo” y de la “arbitrariedad” que también se imponen en el Congreso Nacional.
Como bien lo han enfatizado representantes de instancias de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, los magistrados no deben ceder ante las presiones ni a las tentaciones de asumir funciones que no les corresponde.
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Los funcionarios del máximo tribunal de justicia tienen la obligación de no sucumbir ante compromisos políticos creados para corromper el Poder Judicial, menos caer ante las presiones de células ligadas con el crimen organizado que han infiltrado nuestras instituciones.
Las cosas no andan como deberían en la impartición de justicia. Los jueces, los magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial no están en buen predicado. Tampoco lo han estado quienes han ocupado esas responsabilidades en tiempos pretéritos.
Además de haber sido elegidos gracias a negociaciones y acuerdos no muy legítimos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, los togados están metidos en una zona de conflicto que algunos aseguran que es alentado desde el Ejecutivo y que es parte de una trama para vulnerar el orden institucional.
Es inaplazable que se realice un esfuerzo tendiente a reformar todo el sistema de justicia del país, a partir de un trabajo sostenido, conjunto y basado en el compromiso indoblegable de depurar la impartición de las leyes en el país.
Es una obligación de las más altas autoridades de nuestra Honduras que se abra paso a la depuración y transformación del sistema de justicia en su concepto más amplio.
La persecución del delito, la lucha contra la impunidad y el imperio de la ley deben ser de resultados eficaces, enérgicos y permanentes; nunca una negociación.
Porque, como en alguna oportunidad lo declaró un prominente estadista de las Américas: “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”.
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