Hemos dicho que cuando un estado permite la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina hundiéndose en el abismo. No hay una premisa más contundente y clara como esa.

Cuando una sociedad, en lugar de combatir la impunidad del crimen y penalizar a los infractores de la ley, tolera y justifica el delito, le otorga entonces carta de ciudadanía a la realidad aquella de que no hay nada más peligroso que la impunidad.

Pero la institucionalidad hondureña parece no accionar al mensaje: no parece haber manera alguna de verificar si al menos reaccionan al emplazamiento que en los últimos tiempos por fin despertó en la conciencia aletargada de una sociedad que ha sufrido en carne propia las consecuencias de su opacidad, tolerancia y complicidad.

El fraude de los hospitales móviles va camino a arropar con el manto de la impunidad a los responsables intelectuales de la dolosa compra, como así quedó lo del Seguro Social, o cómo así también feneció penalmente el "Carretillazo".

Al amparo de la concebida amnistía política, el señalado por el saqueo aquel de los 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central, regresó al país casi como un héroe, levantado en hombros y recibido en caravana, como si el latrocinio atribuido al “conspicuo ciudadano” en cuestión, haya sido más bien una hazaña y no una abominable pillería contra el pueblo hondureño.

Un Estado y una sociedad que promueva y tolere la impunidad del delito y afrente la legalidad y justicia, no puede ir a ningún lado más que al abismo de las peores miserias. Y no puede ser que ésta sea la historia del nunca acabar.

Lo que vemos es que se repite y repite mientras el cacareado discurso del “ya no más”, “no somos iguales” o “no somos los mismos” enmudece una vez que esos que no eran los mismos o no eran iguales comienzan a disfrutar y usufructuar las mieles del poder político y público.

Y no necesitaron más que sólo unos pocos días para mostrarse de qué estaban hechos y cómo están hechos.

Por eso insistimos, no hay nada más peligroso que la impunidad, pero hay una conspiración quizás peor: el perdón a la impunidad y el olvido.

Si reclamamos castigo y cárcel para los que defraudaron al pueblo hondureño con la compra de los hospitales móviles, o contra los que le robaron a los derechohabientes del Seguro Social más de 300 millones de dólares, ¿cómo es que más bien vamos a recibir como héroe y premiar con un rosario de cartas de libertad al o los que sustrajeron de las bóvedas del Banco Central, más de 40 millones de lempiras?.

¡algo está pasando en la sociedad hondureña!.

De ahí que la sed de justicia, en estos últimos tiempos, se haya vuelto entonces más sofocante mientras el entramado legislativo y el marco jurídico parecieran seguir alentando y fomentando las viejas y mismas prácticas, agravando así la descomposición moral y ética y la consolidación de la corrupción.

Después de la cacareada derogación del decreto que le daba vida a la nefasta normativa conocida como Ley de Secretos, se han ido “haciendo los locos” con su sanción mientras uno asumía que ya a esta altura ha estado publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

¿A quiénes se refería el presidente del CN cuando reveló en una comparecencia ante los medios de comunicación, que le habían pedido que no le diera “volantín” al decreto que derogaba la Ley de Secretos?. ¿Las mismas fuerzas que ahora se resisten a sancionarlo?.

Las mismas y preocupantes evidencias de la fragilidad y tolerancia de nuestra institucionalidad para castigar el delito en toda su nociva y letal configuración, y para combatir la impunidad.

Por eso es que al pueblo hondureño no se le saca de la cabeza que aquí la infracción a la ley y la corrupción pública como tal, se disculpa, justifica y perdona.

Ahí está lo de los hospitales móviles, pero también otros sonados casos de corrupción cometidos en gobiernos pasados. Nadie sino un par de ex funcionarios de mediana y apenas incidente categoría en el engranaje burocrático, terminaron pagando los platos rotos.

¿Y los autores intelectuales?. ¿Y los peces gordos?. ¿Y los verdaderos gestores de esos episodios fraudulentos?. Nadie que esté bien arriba o bien agarrado de los de bien arriba es alcanzado por la justicia en Honduras!.

¿O quién o quienes volvieron a acordarse de aquellos 69 diputados que votaron a favor del parto mal habido que fue el código de la impunidad?.

Ese instrumento que le dio carta de libertad a la corrupción e impunidad, y que con los votos de los “perdonados por nuestro olvido”, se socavó el tejido legal, jurídico y social del país.

¿Es que nunca va a cambiar esta situación?. ¿Acaso es que ya no hay esperanza de que alguna vez acabe la desesperante y bárbara impunidad que ha socavado el tejido social, económico y moral?

VEA: Editorial HRN: Seguridad jurídica e inversión