El capítulo noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) propuso el martes (01.03.2022) un diálogo con el gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro, a fin de llegar a un gran acuerdo fiscal ante la crisis que se encuentra el país, incluido en el tema de las finanzas públicas.
"El proceso de diálogo constructivo deberá ser convocado por el gobierno, con representantes escogidos por cada sector y deberá dar lugar a escuchar e integrar las contribuciones de los sectores legítimos del país, entendidos de la problemática fiscal y relacionados con la ejecución de fondos públicos", señaló el CHE en su propuesta.
La propuesta de los economistas surge después que el gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, revelara en un informe que las arcas del Estado están "vacías".
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Según la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, en la caja estatal apenas quedaron 800 millones de lempiras, mientras el Gabinete Económico del gobierno anterior (2018-2022) asegura que dejó 10,560 millones de lempiras.
Temas para el gran acuerdo fiscal
Según el Colegio de Economistas el gran acuerdo fiscal deberá ser amplio en la temática que se aborde y deberá enfocarse en temas como reducción de sueldos y salarios, así como beneficios a los altos funcionarios públicos de los tres poderes del Estado".
De igual manera deberá enfocarse en la revisión de la proliferación de instituciones públicas y su reducción; límites al endeudamiento público interno como externo; control sustancial en el gasto corriente de los procesos de compras de bienes y servicios así como de las licitaciones para proyectos de inversión".
Los economistas del noroccidente plantean también una reducción de los fideicomisos bancarios así como la revisión de los términos bajos los cuales se rigen las alianzas público-privadas.
"Por el lado de los ingresos debe incluirse la discusión sobre la eliminación de las exoneraciones fiscales que no aportan a la creación de empleo y bienestar público, así como la revisión profunda de la estructura tributaria", agregó el escrito del CHE.
El inicio del diálogo para un gran acuerdo fiscal además debe considerar el inicio de una política energética que conduzca a eliminar el impacto de los precios internacionales de los combustibles y que genere condiciones para la competitividad empresarial y bienestar en el consumidor, consideró el CHE.
La política energética implica, según los economistas, salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de los contratos de compra de energía y de contratación de servicios de proveedores con evidentes precios injustificados y lesivos a su salud financiera, entre otros aspectos.
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