El pleno de la cámara legislativa aprobó por unanimidad la iniciativa de ley presentada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para la derogación y reforma de los decretos 57-2020 y 93-2021.

El decreto 93-2021 (reforma Ley contra el Lavado) contiene la reforma que obliga al Ministerio Público a probar, en un caso de lavado de activos, el delito precedente, es decir, que tenía que demostrar que los recursos que lavó los obtuvo de una actividad criminal.

Mientras, el 57-2020, que reformó la Ley del Ministerio Público, le prohibía secuestrar documentos de un caso si no tenía autorización de un juez.

Estos decretos, aprobados en legislaturas anteriores, representaban acuerdos de impunidad al otorgar protección a los corruptos a través del lavado de dinero y el secreto bancario, según informó el Congreso Nacional en sus redes sociales.

Durante la sesión los parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas discutieron la aprobación de la deregoación de los decretos de la ley, que son parte de los requisitos que solicita Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Cicih.

Por su parte, el diputado Carlos Umaño, a través de su cuenta de Twitter expresó que lo logrado este miécoles en el palacio legislativo da paso a la llegada de la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).

"Se derogan los pactos de impunidad que contenían el 57 y 93 que permitieron que muchos lavadores de activos salieran impunemente de sus juicios. Debo reconocer a Luis Redondo, su voluntad y cumplimiento de su palabra que estos adefecios jurídicos serían derogados", expresó Umaña.

Condiciones para instalación de la Cicih

Tras la llegada de expertos de la ONU al territorio nacional, han dejado claro que para la instalación hay una serie de condiciones que debe cumplir el gobierno de la presidenta Castro, entre ellas, derogar la Ley del Fondo Departamental, aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, reformar el Código Penal, la Ley de Lavado de Activos entre otras.

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