Wilmer Cálix, dirigente del transporte público en Tegucigalpa, hizo un llamado al Gobierno de Honduras por los retrasos continuos en el pago de un bono compensatorio o subsidio establecido, lo que -sostuvo- amenaza con afectar la calidad y modernización del servicio en varias ciudades principales del país.

Este subsidio asciende a unos 200 millones de lempiras.

"Lamentablemente, hay una deuda pendiente cinco meses del bono compensatorio (subsidio) de las tarifas, un acuerdo que se ha llegado con el Gobierno de la República para mantener nosotros la tarifa y que no se golpee al usuario. Hemos hecho algunos llamados al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) desde meses anteriores y no hemos tenido una respuesta positiva", expuso Cálix.

'Afectaría modernización'

Además, Cálix advirtió en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi, que estas demoras perjudican no solo la operación diaria sino también los planes de modernización del sector, que incluyen la actualización de buses y la mejora en la calidad del servicio por parte de los transportistas.

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"Recuerde que nosotros estamos trabajando en un tema muy importante que es mejorar el servicio y en el tema de modernidad. Estos atrasos de pago vienen a atrasar la modernidad y viene a perjudicar al usuario", manifestó.

La situación ha generado una considerable inquietud entre los transportistas, quienes, según Cálix, han mantenido una postura paciente y han evitado tomar medidas extremas, como paro de labores, esperando una solución.

Sin embargo, ante la falta de avances, los líderes del sector se reunirán para discutir posibles acciones a seguir.

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El subsidio exigido

El 12 de abril de 2022 se firmó un acuerdo entre el Gobierno de la República de Honduras y transportistas de personas en la modalidad de bus urbano para no trasladar el aumento de la tarifa a los usuarios.

En dicho acuerdo se estableció una compensación económica provisional de tres lempiras por pasajero transportado, hasta un máximo diario de 1,080 lempiras por cada autobús.

Este acuerdo fue aprobado bajo el decreto 78-2022 y publicado en el diario oficial La Gaceta, tenía como objetivo evitar un aumento en las tarifas y mejorar el servicio al usuario mediante la modernización de las flotas.

A pesar de haber creado un fondo de 240 millones de lempiras para cubrir este subsidio, los pagos han sufrido importantes demoras, afectando directamente a operadores en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

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