"El Partido Liberal desaprueba en voz alta cualquier amenaza del poder público que intente restringir los derechos de los ciudadanos, pues, a todas luces, eso ha sido la resolución del CNDS", reza el pronunciamiento de la institución política.

Dicha reacción tiene su origen en las declaraciones de la presidenta de la República, quien el miércoles instruyó al Consejo de Defensa y Seguridad deducir responsabilidad a los promotores de la protesta suscitada por unos 10,000 trabajadores en Choluteca.

Ante ello, el PL manifestó que rechaza las acciones -que cataloga como intimidatorias- en contra del derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente y llamó al Gobierno de Honduras a escuchar el clamor de la población.

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"Los gobiernos democráticos, lejos de incomodarse por las distintas formas en las que los ciudadanos se expresan, están en la obligación de escuchar a quienes disienten y considerar sus posturas al momento de tomar decisiones", prosigue el escrito.

'Mensaje es para debatir y no apelar a la anarquía'

Por otro lado, Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia, llamó a que se maneje un debate democrático y evitar la anarquía y la violencia, especialmente en el contexto crítico que atraviesa el país.

Además, resaltó que debe prevalecer al respeto a la protesta pacífica, a la expresión y al disenso, por lo que enfatizó el proceso de socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional (CN), mismo que se realiza con diferentes sectores del país.

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"Estamos siguiendo los canales institucionales y democráticos y hacemos un llamado para que así sea entre todas las partes, para que el diálogo continúe", dijo Pastor a noticiero Hoy Mismo, de TSi.

'Presidenta muestra intolerancia'

Asimismo, el Partido Nacional (PN) reprochó ayer el llamado al CNDS para actuar ante las protestas pacíficas y, en cambio, condenó que ante las tomas de hospitales por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre) no se ejecutan acciones similares.

De igual modo, al igual que el PL, enfatizó en proteger el derecho a la protesta, por lo que enfatizó en que "ninguna autoridad civil, policial o militar está por encima de la Carta Magna y de la Declaración Universal de Derechos Humanos", por lo que aseguró que violentar estos últimos implica un delito.

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