El involucramiento de mujeres en actividades de sicariato se ha acentuado en el sector transporte, después de varios meses durante los cuales el rubro estuvo paralizado.
Los asesinatos de los operadores de la actividad se han reactivado en la medida en que también las redes criminales reanudaron el cobro de la extorsión, el principal factor de inseguridad en el transporte.
A finales de la semana anterior, el crimen contra el motorista de un autobús en el bulevar de Las Fuerzas Armadas de Comayagüela fue perpetrado por una mujer, quien se conducía como pasajera en una motocicleta.
La información recopilada por la Policía Nacional indica que la fémina descargó el arma que portaba contra el conductor de la unidad de transporte público, pero –como suele ocurrir- las investigaciones se encuentran estancadas y ni la ejecutora del hecho ni el hombre que la acompañaba para concretar el asesinato por encargo han sido identificados y puestos a la orden de la justicia.
El mismo modo de operación se puso en marcha en una escena sangrienta en la que otro conductor perdió la vida, siempre en la capital. Fue al término de septiembre, cuando una mujer disparó a quemarropa al operador de transporte que murió minutos después de haber sido trasladado a la sala de emergencia del Hospital Escuela.
Los datos recabados preliminarmente –que por cierto son los únicos que se conocen hasta ahora- señalan que los criminales se dirigían en moto, esperaron que la unidad se estacionara, se colocaron al lado de la puerta por la que abordan los viajeros y completaron su misión. La escena quedó grabada por las cámaras instaladas por el sistema 911.
Los informes de la Fuerza Antimaras y Pandillas concluyen que las mujeres han pasado de ser parejas sentimentales de miembros de asociaciones ilícitas a operadoras del crimen organizado.
Hasta julio del año pasado, las agencias de seguridad y de investigación habían contado al menos 130 mujeres, entre adultas y menores de edad, vinculadas con delitos mayores y de más impacto. Más de treinta féminas fueron requeridas por la justicia.
Dirigentes de organizaciones que abogan por la reivindicación de los derechos y demandas de las mujeres, aseguran que la participación de éstas en actividades ilícitas -particularmente en la extorsión y crímenes contra operadores del rubro- es el reflejo de la descomposición de la sociedad hondureña.
