Las compras realizadas por la Dirección Ejecutiva de Inversiones Estratégicas (Invest-H) en atención a la emergencia epidemiológica estuvieron revestidas de serias irregularidades.
Hay claros indicios de responsabilidad penal en las gestiones realizadas para la adquisición de equipo e insumos requeridos para hacerle frente a la urgencia del covid-19, concluye un informe del Tribunal Superior de Cuentas, remitido a la Fiscalía.
El organismo fiscalizador ha solicitado al Ministerio Público que ejecute las acciones que dictan las leyes por los delitos en que incurrieron los funcionarios a cargo de las gestiones en cuestión.
La investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas logró determinar que, en el período entre el 10 de febrero al 30 de septiembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de INVEST-Honduras realizó desembolsos por 60.7 millones de dólares más 21.5 millones de lempiras, sin someterlos a conocimiento del Consejo Consultivo, máxima autoridad de la institución.
Como se sabe, estos recursos fueron empleados en la compra de siete hospitales móviles, siete plantas de tratamiento de desechos médicos, equipo de bioseguridad personal y biomédico, construcción y supervisión de siete planteles donde se instalarían las unidades de asistencia y contratación de especialistas, así como de servicio de transporte interno.
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El hecho de haber pasado por alto los pasos legales en la contratación de equipo, insumos y servicios ocasionó perjuicios a la salud y a la economía del país, ya que no fue posible responder de manera oportuna y efectiva a la pandemia covid-19.
Los hospitales móviles fueron entregados con retraso, incompletos en los equipos ofrecidos y sin que el proveedor prestara atención técnica extranjera especializada para su instalación.
Además, se efectuó una contratación sin garantías, con documentos de oferta de dudosa pertenencia de parte del proveedor, no hubo supervisión en la fabricación de los hospitales, el proceso “llave en mano” fue fallido y se hizo una entrega anticipada del cien por ciento del valor, a pesar de que existían altas probabilidades de incumplimiento.
El informe del Tribunal de Cuentas apunta que se llevó a término un pago anticipado del 75 y del 80 por ciento por la compra de 350 ventiladores mecánicos.
Por otra parte, se echaron a perder 250 mil pruebas para la detección del nuevo virus por falta de cuidado de la cadena de frío. Un número considerable de tales compuestos todavía se mantienen en custodia de la empresa responsable de su transporte sin que Invest las haya recibido.
El expediente remitido por el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía hace referencia, igualmente, al contrato de supervisión de obra que se volvió conflictivo por razón de los intereses de la Presidencia del Consejo Administrativo de la empresa y la Dirección de Invest.
En lo que tiene relación con la compra de mascarillas, ésta se hizo a un precio mayor y se otorgó un adelanto del 40 por ciento al proveedor que posteriormente renunció a brindar el insumo y devolvió el dinero de manera extemporánea.
En la evaluación de las compras “torcidas” que hizo Invest-H durante la emergencia sanitaria, el informe del Tribunal de Cuentas destaca la falta de involucramiento del Consejo Directivo de la entidad para decidir todo lo relacionado con las compras y contrataciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva.
Desde el año pasado, el Ministerio Público tiene abiertas varias líneas de investigación sobre la responsabilidad penal en que incurrió la gestión anterior de Inversiones Estratégicas en el campo de su competencia para los efectos de gestionar la pandemia.
