El Tribunal de Sentencia en Competencia Nacional en Materia de Corrupción declaró "sin lugar" las excepciones y nulidades planteadas por la defensa de las 14 personas involucradas en "megafraude" al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Mediante comunicado del Ministerio Público indicó que con la resolución se avanza en juicio oral y público contra los exdirectivos del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertety Osorio, acusados a títulos de autores de 14 delitos de violación a los deberes de los funcionarios y un ilícito de lavado de activos.

Acusación

A los ahora imputados se les acusa de participación  en un megafraude en un perjuicio económico de 158 millones de lempiras al Seguro Social por obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre 2010 y 2013.

Las obras de infraestructura pactadas con al menos seis empresas sampedranas se ejecutarían en el hospital regional del Norte y clínicas periféricas en la colonia Calpules en San Pedro Sula y en la Torocagua en Comayagüela, capital de Honduras.

Según el MP se sobrevaloró en un 52 por ciento, equivalente a casi 83 millones de lempiras.  Por consiguiente, en el 2021 mediante operación "Omega VIII se aseguró 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 eran viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, propiedad de los exfuncionarios y empresarios imputados.

Señalados

En el caso más grande de corrupción del país, también son señalados Luis Alejandro Joya Fajardo por 12 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, 12 ilícitos por fraude y  un delito por lavado de activo.

Mientras que, Carlos Montes Rodríguez, y Javier Rodolfo Pastor Vásquez por dos ilícitos de fraude y un delito de lavado de activos.
 
Wilmer Rolando Polanco por 14 delitos de violación de los deberes de los funcionarios y 14 delitos de fraude a título de cooperador necesario. Además es acusada Claudia Marisol Lazo Polanco y Aldo José Sevilla Cerrato por un delito de violación de los deberes de los funcionarios y por fraude a título de cooperadores necesarios. 

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El documento del ente acusador también precisó que a Óscar Guerra Ocampo se le considera responsable de seis delitos de fraude y un delito de lavado de activos y a Alex Idilio Reyes Serrano a título de cooperador necesario en tres delitos de fraude y un delito de lavado de activos.

En el mismo expediente se determinó a Rubén Antonio Lozano y Bairon Eduardo Menjívar Fuentes como cooperadores necesarios en un delito de fraude y un delito de lavado de activos.

Asimismo, por dos delitos de fraude a titulo de cooperador necesario es acusado Francisco Javier Pineda y Jack Jordán Bodden Álvarez por  lavado de activos.  

La lista de 14 la lideran Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertety Osorio

Argumentación del MP

En MP expuso que entre las excepciones rechazadas a los acusados figuran una por la prescripción de la acción penal al delito de lavado de activos en base al Decreto Legislativo 93-2021 que reforma algunos artículos a la Ley Contra el Lavado de Activos.

Además, fue rechazada la excepción sobre la extinción de la acción penal a favor de los empresarios acusados por el delito de fraude al erróneamente estimar que contra ellos no procedían dichos cargos por no ser funcionarios públicos.

Se conoce que los abogados de los 14 imputados plantearon la nulidad de actuaciones a partir del auto de apertura al juicio alegando violaciones al debido proceso, petición que fue denegada.

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