Entre las turbulentas peticiones de sectores mayoritarios que califican al nuevo Código Penal como un "manto de impunidad", se han desarrollado las discusiones y debates en el Congreso Nacional.
Finalmente el Poder Legislativo determinó postergar hasta mayo de 2020 la entrada en vigencia del cuerpo normativo, pero ello no satisface a los sectores que piden despojarlo del manto para los corruptos.
El rechazo al nuevo conjunto de normas en materia penal tomó fuerza conforme se acercaba la fecha de su aplicación efectiva, el 10 del presente mes.
Sin embargo, no es amplio el margen que la Cámara Legislativa está dispuesta a ceder en torno a la revisión o derogación de los artículos más controversiales.
La Corte Suprema de Justicia ha recomendado que sea excluido el artículo 28 que tiene que ver con la responsabilidad penal cometida a través de los medios de difusión.
Asimismo ha opinado que es pertinente la cancelación del artículo 233 que describe la responsabilidad civil del imputado en el supuesto que los delitos de la injuria y la calumnia sean cometidos con la ayuda de medios publicitarios.
El máximo tribunal se ha pronunciado, asimismo, a favor de que se deje por fuera el 323 sobre la imposición de penas de prisión para los conductores temerarios que, por tal razón, pongan e peligro la vida de las personas.
Debería de correr el mismo criterio para el artículo 294 sobre el acoso laboral, señala un documento que hizo público recientemente la Corte Suprema de Justicia.
En el mismo texto, se propone la enmienda a 13 artículos que están vinculados con la responsabilidad subsidiaria por actos ejecutados por otros, el desplazamiento forzado, los agravantes del tráfico de drogas, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios para que éstos sean castigados con penas entre tres y seis años.
La empresa privada, de su lado, ha cuestionado que el nuevo Código Penal hace demasiado énfasis sobre una realidad que no es hondureña y que, por tanto, debería de ser ajustado en su contexto y alcances.
El organismo de la sociedad civil ha elaborado una propuesta de enmiendas que encierran los tiempos para la aplicación de penas, así como la concepción normativa en las asignaturas de narcotráfico, corrupción, medio ambiente, delitos contra la propiedad e ilícitos contra la mujer y libertad sexual.
En semanas anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un estudio que concluye que existen diversas figuras penales que requieren ser cotejadas y colocadas en el marco del derecho internacional.
Son muchos los grupos de estudiosos de las leyes que sostienen que "aligera" las penas de prisión en la mayoría de los casos y otorga un trato muy benévolo para los culpables de lavado de activos, malversación de caudales, fraude y secuestro, entre otros ilícitos.
Los legisladores han explicado que el código contiene seis nuevos delitos, 50 figuras punibles y al menos media docena de medidas especiales.
Con la entrada en vigencia de la normativa, quedarán derogados los artículos de veinte leyes relacionados con acciones punibles, que ahora han sido concentrados en el Código Penal.
