La corrupción se lleva 65,000 millones de lempiras anuales que corresponden al 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un impacto considerado como sustancial.
Una vez que ha entrado en operación la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción (Uferco), se ha desatado una surte de reacciones en torno a la ruta que sigue Honduras en materia de transparencia.
La salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), dejó un sabor amargo respecto a la "quebradiza" voluntad y el tambaleante compromiso para combatir la impunidad en el país.
A la luz de lo expuesto por quienes han tomado las riendas de la nueva instancia de combate a la corrupción, no debemos alimentar esperanzas sobre un vuelco en la cultura de rendición de cuentas.
La Uferco ha sido dada a luz sin la suficiente fuerza ni las adecuadas herramientas para ganarle el partido a los "inmorales" y "deshonestos" que se han robado los recursos públicos.
Algunos sectores consideran que existe un doble discurso sobre la línea de una batalla contra la corrupción y de la anunciada política contra la criminalidad en Honduras.
Estos mismos críticos afirman que son planteamientos desprovistos de una férrea legitimidad y credibilidad, habida cuenta la confabulación de ciertos grupos que -al final- obtuvieron su propósito de sepultar el acompañamiento de la misión de la Organización de Estados Americanos.
Está vigente la duda si sectores económicos y fuerzas políticas están al acecho y listos para conspirar contra cualquier nuevo esfuerzo por arraigar una acción depuradora en Honduras.
Los dirigentes de la sociedad civil han advertido que de nada servirán todas las iniciativas a favor de la transparencia si el plan anticorrupción del Gobierno no apunta hacia aquellos focos de infección.
El plan anticorrupción debe ser traducido en hechos y no quedarse en palabras vacías, ni en planteamientos populistas o en premisas de fachada.
Recientemente el fiscal general, Oscar Chinchilla, denunció que existe una conspiración contra el Ministerio Público, bajo la hipótesis de que la amenaza de los deshonestos se ha mantenido "viva" y "fortalecida".
