Blanca Izaguirre, comisionada del Conadeh, explicó a El Informativo del Mediodía, de HRN, de las más de 10,000 quejas recibidas, entre 2,000 y 2,500 están relacionadas con violencia contra las mujeres, abarcando no solo violencia física, sino también violencia política, intrafamiliar y doméstica.
Además, se han presentado más de 300 quejas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos realizados en horas no legales, con consecuencias como la pérdida de propiedades después de estos eventos durante la aplicación del estado de excepción desde inicio del año.
La comisionada expresó su preocupación por la falta de diligencia del Ministerio Público en la investigación de estos casos, subrayando que la impunidad prevalece debido a la ineficacia y falta de eficiencia en las investigaciones. Señaló que la ciudadanía, especialmente las mujeres, se ve afectada en su acceso a la justicia.
Además, la funcionaria del Conadeh explicó que la entidad es parte de una mesa dedicada a abordar la violencia contra las mujeres, buscando estrategias para erradicar esta problemática y las violaciones de derechos humanos asociadas.
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Izaguirre destacó también la importancia de recomendaciones acordes a los convenios y convenciones ratificados por Honduras, pero también subrayó la necesidad urgente de un Ministerio Público eficiente y efectivo para garantizar investigaciones que eviten la impunidad.
¿Y la crisis en el Congreso Nacional?
La comisionada no pasó por alto la crisis histórica institucional y política en el país, que ha afectado el funcionamiento del Congreso Nacional. Izaguirre destacó la necesidad de seguir estándares internacionales en la elección de figuras clave, como el fiscal general, enfatizando la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y procesos adecuados.
El Conadeh cerró 2022 con un total de 10,354 denuncias, un 5.8 % más que las reportadas en 2021. Entre las denuncias, 1,309 personas manifestaron ser víctimas de amenazas a muerte, mientras que 1,188 denunciaron la negación de acceso a la justicia y al debido proceso.
Esta situación evidencia una creciente crisis de derechos humanos en Honduras, exigiendo acciones inmediatas para abordar las violaciones y garantizar un sistema judicial que cumpla con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, según Izaguirre.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
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