La protección de los empleos, es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país durante la presente contingencia epidemiológica.
En la etapa inicial de la pandemia, el mismo Gobierno había estimado que aproximadamente 400,000 trabajos estaban en situación de fragilidad a causa de la emergencia y que, por lo tanto, era necesario adoptar medidas para sostenerlos.
Las proyecciones más negativas señalan que la gran empresa podría perder al menos el cinco por ciento de los empleos y los pequeños y medianos negocios llegarían a la cancelación de 50,000 puestos laborales.
Hasta hace unos días, la Secretaría de Trabajo informó que esa cartera ministerial había recibido la solicitud de dejar en suspenso unas 25,000 plazas. Sin embargo, el número de plazas puestas en el aire mientras dura la emergencia podría llegar a medio millón.
En razón de las circunstancias por las que atraviesa el país, representantes de la iniciativa privada revelaron que después de tres semanas desde que entró en vigor el toque de queda absoluto, las empresas están generando solamente el 40 por ciento de los recursos esperados.
Los industriales que tienen operaciones en los polos de desarrollo del país se han preguntado cuál debe ser la prioridad en la presente situación: ¿Salvar vidas, lo que implica paralizar la economía, proteger los empleos o buscar un equilibrio entre tales extremos?
La gran empresa ha presionado para que las autoridades aprueben con celeridad una estrategia tendiente a respaldar a dicho segmento en el cual recae la generación del 80 por ciento de los tributos.
Los inversionistas grandes consideran que se les ha excluido y que el Gobierno no ha acudido en su apoyo, ya que las medidas urgentes comunicadas hace algunas semanas benefician, en su casi totalidad, a los micro, pequeños y medianos emprendimientos.
A tal reclamo, las autoridades del Ejecutivo han respondido que las disposiciones prioritarias tenían que estar dirigidas a proteger a las PYMES, por constituir un segmento más débil y con menor capacidad para hacerle frente al golpe.
Mensualmente, el sector empresarial del país debe desembolsar 12,000 millones de lempiras para cumplir con la obligación de sueldos y salarios y si las operaciones siguen paralizadas, ¿cómo puede garantizarse el ingreso de los empleados?
Se presume que, en una siguiente fase, serán trazadas y puestas en marcha medidas tendientes a fortalecer a la gran empresa, salvar los puestos laborales de este sector y evitar el derrumbe total de la economía.
