El fallido sistema penitenciario y de internamiento de menores infractores está en manos de los miembros de Las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Como se sabe, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en el aparato carcelario y en los centros de corrección de niños y de jóvenes y, asimismo, la suspensión de los funcionarios del Instituto Penitenciario Nacional.
Todo el personal, responsable de los anillos de seguridad de los recintos penitenciarios, han sido separados. La atribución de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA).
Desde ayer martes entró en funciones la Comisión Interventora que está integrada por los coroneles y comisionados: José Gonzales, Marco Barahona, Nery Arita, Willy Nuñez, Pablo Herrera, José Miguel Mejía y Wilson Alvarenga.
La intervención de todo el aparato penitenciario será por un tiempo no menor a seis meses. En ese marco se procederá a la contratación de expertos nacionales e internacionales para la transformación del sistema carcelario.
La decisión de mantener bajo fiscalización y supervisión las instituciones carcelarias y de trasladar esa misión a Las Fuerzas Armadas es calificada como un reto frente a una crisis que ya tocó fondo.
Tales acciones conllevan el desafío central de recuperar la gobernabilidad en las cárceles y en los centros de rehabilitación y reinserción de menores.
Una de las primeras tareas enmarcadas en la etapa de la intervención penitenciaria ha consistido en la asignación de un contingente de militares y policías en los módulos de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, Morocelí, El Paraíso.
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes ha recalcado el fracaso de la red de seguridad implantada en las cárceles
En semejantes términos se ha pronunciado el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), cuyos dirigentes han subrayado que las prisiones, particularmente las de máxima seguridad, han vuelto a ser gobernadas por los mismos privados de libertad.
Las instituciones penitenciarias están convertidas en escenarios de muerte, violencia, criminalidad, amotinamientos, tráfico de armas, trasiego de drogas y otros hechos relacionados.
Todos los esquemas para depurar y transformar la estructura penitenciaria fracasaron. Quedaron soterrados por las estrategias del crimen organizado. ¿Correrá la misma suerte el nuevo intento por tomar el control de los presidios?
