Vandalismo

No se da por descontado que los infiltrados en movilizaciones, cualesquiera que sean sus causas, puedan ser sometidos a una mayor fuerza de ley.

Legisladores del Partido Nacional en el poder y representantes de algunas bancadas más identificados con el oficialismo, se han pronunciado a favor de la tipificación de una figura penal que permita que “los encapuchados” responsables de actos vandálicos sean calificados como “sujetos criminales”.

Esta imputación contribuiría a evitar daños irreversibles al aparato económico, desasosiego en la institucionalidad y precariedad en la gobernabilidad del país.

Ciertamente, en Honduras necesitamos establecer un marco legal compatible con el derecho a la organización, a la protesta y a la demanda a los gobernantes, sin que el ejercicio de tales derive en un “libertinaje” o en un estado de “anarquía”.

Esto es lo que justamente ha sucedido en las movilizaciones que han paralizado sectores vitales de la vida nacional en las últimas semanas, como son la salud y la educación.

Las manifestaciones callejeras se han desnaturalizado por el involucramiento de sujetos que, ocultando su identidad, se han dado a la tarea de destruir propiedades privadas y estatales, saquear comercios, incendiar bienes y, encima de todo, crear zozobra.

Son actos que rayan con el “terrorismo”, una manifestación de la violencia extrema que no puede ser tolerada más en nuestra Honduras, un país, afectado por la pobreza, lacerado por la corrupción y golpeado por la inseguridad.

Nos convendría a los hondureños vernos en el espejo de las sociedades atrapadas en el barbarismo. El vandalismo que limita con el terror, es una pesadilla que está latente en el país.

Las maquinaciones de los vándalos no tendrían que prevalecer en desmedro de la aplicación de los principios de justicia y mandatos legales, porque nos desnudan como un país de irracionalidad, barbarie, desolación y destrucción.