La violencia desatada en el sistema penitenciario desnuda la incapacidad para ejercer control y garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.
La única respuesta ofrecida ante las masacres ejecutadas en los recintos carcelarios es el reforzamiento de la seguridad. En las últimas horas fueron asignados 800 hombres más que se suman a un contingente de 1,200 militares y policías que habían sido nombrados para el mismo objetivo la semana pasada.
Un contingente de 2,000 efectivos tienen delegada la tarea de resguardar los centros penitenciarios a nivel nacional, una "misión imposible", ya que en los establecimientos donde son enviados los privados de libertad se impone la ingobernabilidad. Son escenarios del crimen.
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En apenas dos días, 36 privados de libertad han sido asesinados en las cárceles de Tela, Atlántida, el viernes; y de El Porvenir, Francisco Morazán, el domingo.
La superioridad de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), ha relacionado las tragedias en las instituciones penitenciarias como una obra del crimen organizado que rechazan la intervención del sistema.
Grupos que tienen una opinión extrema, como es el caso del sacerdote jesuita, Ismael Moreno, han afirmado a través de sus redes sociales que las políticas de exterminio en las cárceles son lideradas por el mismo mandatario, Juan Orlando Hernández.
Lo cierto es que el Estado corre el inminente riesgo de recibir una tormenta de demandas por la violación a los derechos humanos en las penitenciarías y en los centros de internamiento de menores infractores.
A juicio de expertos en materia de seguridad, la administración de las cárceles tendría que ser asumida por civiles especializados, bajo el control de una comisión ad-hoc.
Y los militares y policías deberían tomar las tareas de investigación y de inteligencia para conocer quiénes son los responsables del caos en los reclusorios, aseveran los críticos.
Profesionales del Derecho consultados sobre lo que ocurre en las cárceles, son del criterio que los militares no están preparados para manejar el control de las mismas.
La situación del sistema carcelario del país es "oprobiosa". Hay que identificar a los responsables y tomar impostergables medidas de control para que las masacres en los mismos no se repitan, se ha pronunciado -de su lado- el Comisionado de los Derechos Humanos.
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En la misma línea de pensamiento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa con alarma la violencia en los centros penales y ha demandado al Gobierno garantizar la vida de los procesados y condenados.
La Comisión contra la Tortura ha demandado medidas cautelares a favor de la población de las penitenciarías y de los centros para la rehabilitación de menores infractores.
¿Es la anarquía y el derramamiento de sangre en las cárceles el fiel reflejo de la ingobernabilidad generalizada en Honduras?
