La violencia criminal se ha ensañado con las mujeres de la tercera edad.

Las cifras demuestran este fenómeno: Entre enero y lo que va de noviembre, unas 37 féminas que sobrepasan los 60 años han sido asesinadas a nivel nacional.

Estas escenas se volvieron más frecuentes en el último trimestre de este año, destacan los reportes de organizaciones por la paz y de estudios sobre la problemática de las mujeres.

Se han multiplicado los abominables e imperdonables casos de adultas mayores que han sido agredidas, violadas y luego sus verdugos les han quitado la vida.

Las mujeres están atrapadas y se han consolidado como uno de los sectores más vulnerables por el entorno de inseguridad que se impone en el país y por la impunidad de que gozan los hechores de los crímenes contra las féminas.

Los datos estadísticos alrededor de los feminicidios no son uniformes. Para el caso, las entidades que agrupan a las mujeres aseguran que -en lo que va de 2019- se han cometido 315 asesinatos de personas del sexo femenino.

De su lado, los organismos de seguridad registran la comisión de 329 feminicidios entre enero y los días que han transcurrido del mes en curso.

Los sociólogos e integrantes del Observatorio de la Violencia estiman que es de interés secundario el esfuerzo para conciliar las cifras, porque lo trascendente es que las dependencias estatales de seguridad y los órganos de derechos humanos no han hecho nada para ponerle un alto a la violencia desatada contra las mujeres.

Recientemente fue creada una unidad de la Fiscalía para darle seguimiento a los asesinatos y homicidios de personas del sexo femenino. Los resultados han sido nulos.

La Policía y las agencias de investigación criminal han fracasado, igualmente, en sus tareas para esclarecer los casos e impartir justicia pronta a los culpables de feminicidios.

Todos los funcionaros que están al frente de esta pesada e infructuosa estructura de persecución del delito, investigación, emisión de sentencias condenatorias y defensa de derechos humanos, apenas se han limitado a solicitar un presupuesto más amplio para combatir la pandemia de los feminicidios. ¿Se justifican sus peticiones?

Únicamente cuatro por ciento de tales eventos son investigados y sus responsables llevados a proceso judicial. El resto de tales expedientes quedan en el olvido y los asesinos permanecen libres, a la caza de sus próximas víctimas.

En el período entre 2009 y 2019, más de cinco mil mujeres han perdido la vida y, de este universo, por lo menos 4,800 casos han quedado sin investigación ni castigo para los responsables de tales actos.