Si es encontrado culpable: de 15 a 25 años de prisión podría ser condena a comisionado general, Leonel Sauceda

Comisionado Leonel Sauceda.
Comisionado general, Leonel Sauceda.

El ex comisionado y subcomisionado Lorgio Oquelí y Jorge Alberto Barralaga, también son casos recientes de uniformados que han sido imputados por delitos graves.

         Los distintos sectores de la población exigen que se lleve a cabo un verdadero proceso de adecentamiento en las filas de quienes tienen la misión de “servir y proteger”, siempre que sea en nombre de la lucha contra la impunidad y bajo el debido proceso.

En caso de ser encontrado responsable de los delitos que se le imputan, el comisionado general, Leonel Sauceda Guifarro, podría enfrentar una condena entre 15 y 25 años de prisión, según lo explicado por entendidos en leyes.

El oficial y su esposa, Patricia Estrada, son imputados por el delito de lavado de activos, dice un comunicado emitido por el Ministerio Público en el que se enfatiza que la acción responde a un esfuerzo por hacer frente al flagelo de la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad.

A Sauceda le han sido asegurados dos vehículos, 23 productos financieros, tres terrenos ubicados en Yoro. De acuerdo con las investigaciones, el oficial no logró justificar más de 13 millones de lempiras. La señora Estrada tampoco tiene sustento de más de dos millones.

El informe financiero y patrimonial elaborado por el Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal.

Sauceda, quien hace sólo unos días fue ascendido, no es el único alto jerarca de los cuerpos de seguridad que es sometido a procesos de investigación y de aseguramiento de bienes por presunto enriquecimiento ilícito.

Justo esta semana, el Ministerio Público solicitó la privación definitiva del dominio sobre 24  bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al ex comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.

La petición hecha a un juez de privación  corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su ex-pareja Dennise Yamileth Morales.

En este caso, las investigaciones establecen que en el período 2012-2015 los miembros de la Policía asignados a Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudiesen trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, un acto que se constituyó en sobornos.

Otro expediente es el que tiene como protagonista al ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga, imputado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

En el fallo emitido en su contra, los jueces de la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional establecen que fueron debidamente acreditadas las millonarias sumas de dinero que Barralaga movió en el sistema financiero entre 2006 y 2017.

También se estableció que, si bien se demostró que el acusado constituyó la empresa de transporte “Barralaga”, el ex oficial no pudo justificar el capital semilla utilizado para poner en circulación una flota de vehículos.

El acusado se vio imposibilitado de comprobar la procedencia lícita de más de 76 millones de lempiras, lo que fue considerado como una modalidad de lavado de activos.

Hay que hacer referencia a otros uniformados que se encuentran procesados en Estados Unidos. Las acusaciones de corrupción contra elementos de alta graduación dentro de la Policía tienen un significativo impacto sobre la consciencia crítica social. Los distintos sectores de la población exigen que se lleve a cabo un verdadero proceso de adecentamiento en las filas de quienes tienen la misión de “servir y proteger”, siempre que sea en nombre de la lucha contra la impunidad y bajo el debido proceso.

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