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Directivos del Congreso Nacional habían plasmado en un documento: Aún y cuando el actual convenio que da vida a la MACCIH sea ampliado tal como está, debe llegar al Poder  Legislativo para su aprobación.



         Una interpretación legal de la Procuraduría concluye que le  correspondría al Poder Legislativo aprobar el acuerdo a que lleguen el Gobierno y la OEA.



Tal y como estaba previsto ¿o
quizás planificado?, se ha dictado la sentencia de muerte para la Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).



En el comunicado emitido por el
Gobierno de Honduras se arguye que, a pesar de todos los esfuerzos realizados,
no fue posible alcanzar un entendimiento en el marco de lo que manda la
Constitución de la República, acerca de una segunda etapa de funciones de la
MACCIH.



Entre las justificaciones
esgrimidas, el texto oficial hace referencia a los criterios de algunos
sectores que siempre recriminaron que la Misión se hubiese excedido en sus
atribuciones e incluso usurpado competencias



El final de la MACCIH era un
hecho anunciado que se iba cumpliendo conforme se acercaba la hora definitiva
para sellar el futuro del organismo externo.



Ya se había dictado la condena
a muerte de la dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo
cual quedó muy claro ayer, cuando fueron divulgados sendos pronunciamientos
emitidos por la Cámara Legislativa y por la Procuraduría General de la
República.



Un documento divulgado por el
Congreso Nacional subraya que aún y cuando el actual convenio que da vida a la MACCIH hubiese
sido ampliado, el mismo debía llegar al Poder Legislativo para su aprobación.



Y
como es conocido, los legisladores -esencialmente los nacionalistas- habían
rechazado tajantemente la propuesta para que la Misión no continuara en el
país.



La
Constitución distingue una segundo etapa en el proceso de adopción del tratado.
Y es la necesidad de aprobación por parte del Congreso Nacional de lo celebrado
por el Poder Ejecutivo, que fue el acto que se dio con la aprobación del
decreto 23-2016, señala literalmente el pronunciamiento de un grupo de
diputados que integran la Junta Directiva.



Ese
criterio adverso había sido plasmado antes, en un documento de postura de una
comisión legislativa que surgió al calor de una evaluación de los resultados de
la MACCIH en tres años de funciones en Honduras.



En
la misma ruta se manifestó la Procuraduría General de la República. El análisis
legal de dicha dependencia estatal, emitido ayer, también pone de relieve que
el Congreso Nacional es la instancia a quien correspondía la aprobación de un
eventual acuerdo sobre la permanencia de la MACCIH que, al cabo, nunca se consumó.



Para
los organismos de la sociedad civil y grupos políticos que contrastan con el
partido en el poder, lo que se ha producido es una embestida contra la lucha de
la corrupción en el país desde el mismo Gobierno.



Algunos
politólogos concuerdan en que se dio marcha a una estrategia para
"blindar" a los corruptos, lo que significa practicarle la autopsia y
ponerle la lápida a la MACCIH.



Esto ha ocurrido al término de todo este proceso de discusiones. Se ha sellado el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.



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