Régimen orteguista a punto de matar las negociaciones con la Alianza Cívica

La Prensa. El diálogo entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Daniel Ortega agoniza debido a la negativa del dictador de aceptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas como garantes internacionales de los acuerdos de las negociaciones.

Hoy 3 de abril se vence el plazo ampliado por las partes para finalizar el acuerdo marco.

Las negociaciones para encontrar soluciones a la crisis sociopolítica en la que Nicaragua está sumida desde hace casi un año, debido a la represión del régimen contra los ciudadanos, continúan estancadas porque el gobierno solo quiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como garante del cumplimiento de los acuerdos sobre los temas de las libertades, la justicia a las víctimas de la represión y del proceso de la liberación de los presos políticos.

Los delegados de la dictadura tampoco aceptan discutir el adelanto de las elecciones, antes del 2021, como parte de las reformas electorales incluidas en la agenda del diálogo.

“No hemos podido lograr ningún acuerdo en esos temas. Mañana (hoy) 3 de abril haremos los últimos esfuerzos para que el gobierno reconsidere y tome una posición sobre las propuestas que se le han hecho, que van en la línea de darle credibilidad al diálogo y que (los acuerdos) puedan dar efectos positivos al país. No queda más que seguir intentando”, dijo anoche José Pallais, delegado propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones.

Mario Arana, otro de los delegados propietario de la Alianza en las conversaciones, dijo que “no vamos a aceptar a la Procuraduría por su vinculación con el gobierno”.

Tampoco cederán en que la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sean los garantes internacionales, por cuanto son los que darían credibilidad a que se cumplan los acuerdos sobre el tema de la justicia.

Serán los que garanticen a la víctimas de la represión, que incluye a los cientos de asesinados y a sus familiares, a los heridos y torturados, obtener “verdadera justicia y reparación”.

La PDDH es una institución que responde a los intereses del régimen de Ortega y Rosario Murillo, pues sus funcionarios han defendido el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO) y han callado ante las violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes, que, desde abril, exigen la salida de los dictadores del poder.

Los delegados de la Alianza Cívica reiteraron ayer su voluntad en que el diálogo dé resultados, pero reconocieron que el régimen, al incumplir los acuerdos ya firmados y cerrarse en no querer a los garantes internacionales, pone en riesgo las negociaciones .

“El compromiso es el 3 de abril. Si no hay acuerdos, ni expresiones de cumplimiento, qué sentido tiene seguir intentando construir acuerdos si solo una parte está bailando el tango”, dijo Pallais.

En menos de 24 horas se violentó los acuerdos para restituir las garantías ciudadanas acordadas el viernes pasado ya que la Policía, las turbas y los paramilitares orteguistas asediaron y atacaron a ciudadanos y periodistas en las protestas realizadas el sábado pasado en centros comerciales, en Managua.

El asedio policial a las protestas se mantiene y no cesan los secuestros de autoconvocados.

El gobierno de Ortega tampoco empieza a liberar a los 647 presos políticos y no entrega las instalaciones de los medios de comunicación confiscados, así como la materia prima retenida a los periódicos LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario, compromisos firmados el viernes reciente.

Sin embargo, ayer el canciller y jefe de la delegación del gobierno en el diálogo, Denis Moncada, refirió que ellos no se levantarán de la mesa de negociaciones y que están dispuestos a “tocar los temas acordados, para estar en la hoja de ruta que ya ha sido aprobada y consensuada”.