Conversaciones formales para dar paso a la siguiente etapa del mandato de la MACCIH, iniciarán este viernes 27 de diciembre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Con buenos ojos observan referentes de opinión pública el anuncio hecho por el Gobierno sobre el inicio de pláticas con la Organización de Estados Americanos para abrir paso a una segunda fase de permanencia del organismo.
A juicio de analistas locales, el objetivo central de un nuevo período de funciones de la MACCH, debería ir encaminado a fortalecer las acciones de las instituciones que trabajan en el combate a la corrupción y a la impunidad, opinaron analistas locales.
Los líderes religiosos también se han expresado sobre la extensión del acompañamiento de la Misión de la OEA, en el sentido que se envía un mensaje bueno en el renglón de la batalla contra la corrupción.
Los empresarios e industriales consideran que la renovación del convenio para la permanencia de la MACCIH, debe ser "sin limitaciones", con el fin de que los culpables de los actos oprobiosos de corrupción no queden sin castigo.
La renovación del acuerdo que dio vida a la MACCIH, ha generado una confrontación enconada entre los corruptos y los que se consideran "potables".
En más de dos años de presencia, en apoyo a la lucha contra la podredumbre, el organismo internacional y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), han documentado varios casos de impacto.
En noviembre de 2017, salió a la luz "La Red de Diputados" que -en ese momento- comprometió a muchos legisladores por malversación de caudales públicos.
La causa permanece archivada, porque la juez asignada decidió remitir las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas y dejar muertas las acciones penales.
En febrero de 2018, la MACCIH-UFECIC emprendieron acusación contra una decena de personajes que cobraron 70 cheques, un capítulo que fue conocido como "Caja Chica de la Dama", porque tiene como su principal protagonista a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, declarada culpable de apropiación indebida y fraude.
Posteriormente, en mayo de 2018, fue librado un requerimiento fiscal contra diputados involucrados en un episodio llamado "Pacto de Impunidad" que favorecía a un grupo de diputados procesados por el manejo turbio de fondos públicos.
A mitad del año pasado estalló el "Caso Pandora", que involucró a 38 diputados y funcionarios edilicios en el desvío de más de 280 millones de lempiras del sector de agrícola y otras fuentes para financiar campañas políticas.
La MACCIH reveló también en noviembre de 2018 el folio denominado "Caja del Hermano" que mencionaba a Ramón Lobo, hermano del ex mandatario, Porfirio Lobo y a Wilfredo Cerrato Durón, ex secretario de Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial, por fraude y malversación de ocho millones de lempiras.
Finalmente, la MACCIH-UFECIC promovieron en diciembre anterior acciones contra ex directivos del Seguro Social, una investigación que dieron en bautizar "Licitación Fraudulenta del Seguro Social", y que incluyó a ex funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales.
Otros expedientes promovidos por el binomio MACCIH-UFECIC son "Fraude sobre el Río Gualcarque", "Patuca III", "Narco-política" y "Corrupción sobre Ruedas", destapados entre marzo y septiembre de 2019.
Todos estos expedientes desnudados en apoyo a la batalla contra la corrupción suman más de medio centenar de imputados; de los cuales, menos de una decena guardan prisión, un número similar están prófugos y cerca de una treintena gozan de medidas distintas de la cárcel. ¿Se dará marcha o se estancará esa cruzada en 2020?
