El asesinato de privados de libertad, peor aún si estos hechos ocurren en el interior de las cárceles de máxima seguridad, no puede seguir siendo tolerado, a juicio de expertos en seguridad.
Tales eventos colocan a Honduras en el centro de los cuestionamientos más severos, han afirmado sectores críticos en torno a los más recientes hechos sangrientos ocurridos en Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.
El asesinato de Magdaleno Meza, consumado en El Pozo I, tiene una connotación especial dado que a este sujeto se le investigaba por su implicación en el narcotráfico y su presunta condición de socio de Antonio Hernández, hermano del mandatario, Juan Orlando Hernández.
Analistas y miembros de organismos de Derechos Humanos se han preguntado:¿Cómo es posible que no se le haya garantizado la vida a este hombre, de quien se había afirmado tenía en su poder libretas y otros documentos que presuntamente describían las actividades de Hernández en el trasiego de drogas?
Otra interrogante ha surgido: ¿Enviaron a este sujeto a la jauría de lobos para que lo destrozaran y no pudiese revelar información importante acerca de la movilización del crimen organizado en el país?
Como se sabe, la defensa de Meza había solicitado a las autoridades el traslado de su representado por considerar que su integridad corría riesgo; sin embargo, las autoridades no adoptaron determinación alguna en torno a dicha petición.
Funcionarios del Gabinete de Defensa y de Seguridad han declarado que el gobernante Hernández ha solicitado al Ministerio Público una investigación profunda, porque hay razones para sospechar que la muerte de Meza fue dirigida por interés de los narco-testigos.
Según se ha hecho traslucir en fuentes gubernamentales, el reo ajusticiado estaba en condiciones para demostrar la "falsedad" de la libreta utilizada como evidencia en el juicio en Nueva York.
Con todo, un criterio dado a conocer por el Observatorio de la Violencia enfatiza que la intervención de los recintos de máxima seguridad, ubicados en Santa Bárbara y en El Paraíso, es un "show" para "aplacar el vendaval desatado".
El traspaso del aparato de vigilancia de los "Pozos I y II" a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), es una simple acción repetida, porque en el reciente pasado los anillos externos habían estado en manos de ese grupo élite.
Lo medular es conocer cómo se administra el sistema penitenciario, cómo se definen los criterios de envío de los procesados y condenados a tal o cual cárcel.
En opinión de instituciones independientes, es notoria la debilidad de la estructura penitenciaria y, ante tal circunstancia, el Gobierno demora en remover de sus cargos a los burócratas que están al frente de la gestión del sistema carcelario que ya probaron su ineficiencia. Todo se limita a declarar emergencias de "fachada".
El sistema carcelario hondureño siempre ha estado sumido en el caos. La gobernabilidad la han tomado para sí los criminales privados de libertad.
Todo ha seguido así. Se recuerda que en noviembre del año pasado entró en operación el grupo élite bautizado como Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, cuyos agentes habían sido comisionados para "blindar" los recintos de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.
Se informó que el cuerpo especializado estaría a cargo del componente tecnológico; es decir, de ejercer un estricto control de los ingresos y salidas de "El Pozo" y "La Tolva" y que el resguardo interno correría siempre bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario, mientras los anillos externos permanecerían en manos de FUSINA.
¿Qué pasó, entonces, con el blindaje de las cárceles, sobre todo de los módulos de extrema vigilancia?
