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La instalación de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), es una cruda expresión de manipulación político-demagógica y un testimonio de traición a los intereses soberanos del país.



De eso están convencidos la casi totalidad de los sectores hondureños que No han cesado la a lucha contra la intención de partir el territorio nacional y de vender la soberanía sigue.



Conforme han transcurrido los meses, el tema -que ha creado una mayúscula conflictividad- parece haber caído en el letargo y perdido vigor en la agenda pública



Justo eso es lo que conviene a los sectores que han promovido tal iniciativa. Si No, ¿Por qué el Gobierno Central y el Poder Legislativo han dejado en punto muerto los recursos presentados contra la venta del territorio nacional? ¿Cuál es la razón por la que el Ministerio Público tiene una intervención marginal?



Ciento veintiséis municipalidades, el 40 por ciento de los 298 términos en que está dividido el país, han dicho No a la participación de Honduras en varios fragmentos.



Las autoridades edilicias y grupos económicos, sociales, políticos y religiosos de casi dos centenares de municipalidades forman parte de un bloque de resistencia a las ZEDE.



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Empresarios, industriales, juristas, líderes de la iglesia, representantes de la sociedad civil, un segmento de políticos, fuerzas vivas y referentes de opinión pública, han expresado sus juicios de valor en cuanto a que las Zedes son una aberración legal, un vergonzoso esquema que relega a los hondureños a ser ciudadanos de segunda categoría y una profanación a la soberanía.



Las Zonas Especiales son asentadas como "protectorados", vulneran la institucionalidad, crean una condición lesiva para los intereses nacionales y deterioran la autonomía.



En contraposición a esos juicios de valor, la ley que crea los regímenes de las Ciudades Modelo plasma que son parte del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en lo que importa a la soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales y emisión de documentos de identidad, conforme lo establecido en la Carta Magna.



La institución de las ZEDE tiene como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña, según el discurso de los promotores de dicho modelo.



Las posiciones siguen siendo extremas en torno a las ZEDE: La soberanía o la venta del territorio, el desarrollo o la colonización y el Estado de Derecho o un nicho de corrupción e impunidad.



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