Profunda inequidad educativa

Que aún tengamos un millón de niños y jóvenes sin poder pisar un aula de clase significa, ni más ni menos, que el estado de Honduras sigue sin poder atender con inclusión, pertinencia y equidad, las necesidades y derechos de la población en edad de estudiar en el país.

Cuando sólo 31 de cada cien jóvenes y adolescentes tienen la oportunidad de entrar a la escuela pública, supone que el sistema fracasó en la cobertura y en el acceso obligatorio al conocimiento, quintándole toda posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características sociales y culturales. La imposibilidad de que aún un millón de jóvenes no pueden entrar al aula hace trizas la premisa según la cual todos pueden aprender, en el marco de un entorno educativo que ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas.

Que sean tantos los niños y niñas que no pueden ir a la escuela aún, conspira contra la inclusión, la oportunidad, que debería abrirse para construir una sociedad más democrática, inclusiva, equitativa y respetuosa del ser humano y sobre todo, de la niñez y juventud históricamente en desventaja en Honduras.

Cuando sólo 31 de cada 100 jóvenes tiene la oportunidad de acceder a un centro educativo, ¿dónde queda entonces aquella premisa inclusiva de la educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho?.

¿Acaso es que el concepto de inclusión no evolucionó aquí hacia el histórico compromiso de que los niños y niñas de Honduras tienen derecho a la educación, independientemente de su condición social, económica, y de sus capacidades y habilidades?

¿En qué momento de nuestra historia dejó el estado y los gobiernos de turno de propiciar las competencias y el escenario para que todos y todas los niños y jóvenes en edad de estudiar, lograsen entrar a la escuela pública?.

Hoy, en el 2019, y mientras nos aprestamos a darle la bienvenida al año lectivo, Honduras necesita y demanda superar una de sus peores inequidades: más de un millón de sus hijos no entrarán este año a la escuela mientras la tasa de analfabetismo funcional sigue siendo significativo.

En 2017 aumentó en 28 por ciento el número de alumnos aplazados y la educación que reciben los alumnos en la escuela rural y en los barrios marginales, sigue siendo pobre. A muchos les sigue costando acceder a la educación básica completa, o se les hace imposible alcanzar el bachillerato o la media superior.

En este próximo cuatrienio, el gobierno del presidente Hernández seguirá arrastrando una deuda histórica y un obligatorio compromiso con la niñez y la juventud hondureña que no puede entrar a la escuela pública. Y la pregunta es: ¿es consciente el mandatario de tan descomunal inequidad que le cierra el paso a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad y pertinencia?