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No es minúsculo el desafío a
que se enfrentan los funcionarios que han sido nombrados en los nuevos órganos creados
para fortalecer la institucionalidad electoral del país.



Los representantes de los
partidos Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana y Alianza Patriótica
que han tomado las riendas en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de
Justicia Electoral, tanto en su condición de titulares, como en su calidad de
suplentes, tienen una misión sin precedentes.



Tanto los consejeros como los magistrados
que conforman la nueva plataforma comicial han asumido la obligación de establecer
los códigos democráticos y las bases institucionales que eviten una nueva
crisis política.



El cometido ineludible de los
ciudadanos que han recibido el voto de aprobación de los diputados de la Cámara
Legislativa es el de garantizar la legitimidad y la transparencia de las
justas electorales, así como la construcción de los consensos que son
indispensables en la convivencia armónica de las fuerzas políticas de la
nación.



Entre
algunos sectores ha quedado un sabor amargo después de este proceso que ha
culminado en virtud de los acuerdos políticos a que arribaron los partidos
Nacional, Liberal y Libertad y Refundación, las principales fuerzas políticas
del país. 



¿Fue
una simple repartición de cargos? A despecho de quienes han tomado para sí esta
aseveración, hay sectores mayoritarios que destacan el hecho que el Consejo
Nacional y del Tribunal de Justicia Electoral han sido constituidos sobre un equilibrio
en la representación de las divisas políticas con el mayor peso democrático.



Y
desde este principio es que aspiramos a que se abran las avenidas para
consensuar las reformas alrededor de temas sensibles como son la segunda vuelta
electoral, el referendo revocatorio y las consultas participativas que son la
máxima expresión del poder y de la voluntad del pueblo.



Lo
que existe ahora es una débil representación de los sectores populares, los
viciados procesos electores y un bajo nivel de confianza de la población en el
sistema democrático politiquero y no incluyente. 



Los
políticos no han sido capaces de sujetarse a un acuerdo para conformar
instituciones electorales independientes y transparentes. En esta nueva etapa
que descansa sobre el Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia Electoral, aspiramos
a una verdadera profundización de la democracia y una genuina y amplia
participación del pueblo.

Procesos electorales: ¿Legitimidad y transparencia?