La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no provocará un impacto fuerte sobre la institucionalidad del país ni abonará a la transformación de Honduras como lo aseguran grupos opositores, a juicio de generadores de opinión entendidos en Derecho.
En la actual tormenta que cae sobre Honduras, han tomado la palabra quienes aseguran que el país necesita entrar en un proceso de revolución política, igualdad social y evolución económica, con base en un compromiso de la clase política, la cúpula empresarial, la sociedad civil, la reserva moral religiosa y las fuerzas vivas.
Desde la otra barrera, surgen personajes de figuración pública que han clamado para que se imponga la sensatez. Desde su punto de vista no es momento de hablar de constituyentes ni de golpes de Estado, sino de una legítima alternancia en la administración del Estado.
El ex fiscal general, Edmundo Orellana Mercado, está de acuerdo con que Honduras necesita una constitución moderna que ofrezca un marco no opresivo, sino de referencia dentro del que fluyan pacíficamente las modernas tendencias sociales, políticas, económicas y jurídicas que trae consigo la globalización.
Sin embargo, el especialista en Derecho Administrativo razona que una nueva Ley Primaria no sería ni auténtica ni real si no participa directamente mediante una asamblea nacional constituyente y la consulta popular del referéndum.
Un análisis similar hace el estudioso de las leyes y ex secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Paz, al señalar que revisar la Constitución al margen de una Asamblea Constituyente son “palabras mayores”, porque una Carta Magna supone precisamente un “poder constituyente”.
El estudioso de las leyes afirma que la propuesta para revisar el contrato social de Honduras fundamentado en una nueva Constitución es ambigua y podría terminar siendo un “regalo autoritario con envoltorio democrático”.
En 2016, con motivo de la preparación del terreno para la reelección, el actual gobernante, Juan Orlando Hernández, convocó a los líderes políticos, con el fin de abrir un debate alrededor de un análisis de la Carta Magna, poniendo en una balanza los vacíos y las fortalezas del contrato social de Honduras.
En ese tiempo, Hernández declaró que si existían acuerdos entre todos los sectores del país no sería necesario llegar a una Constituyente, pero reconoció que había temas que podían ser llevados a una consulta popular, a través del plebiscito o del referéndum.
Expertos académicos hacen hincapié en que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación integrada para analizar los hechos políticos de 2009, incluyó entre sus recomendaciones capitales la revisión del texto de la Carta Magna.
La explicación es que la Constitución tiene inconsistencias que no ayudan a identificar una salida a problemas de la magnitud de la crisis de hace siete años.
Sociólogos abordados por “La Voz de Honduras” sostienen que de lo que se trata es de formular planteamientos que contribuyan a la transformación del país, una tarea que, a su juicio, ha estado olvidada.
Algunos sectores de profesionales del Derecho piensan que los problemas de corrupción, subdesarrollo, desempleo e injusticia no se originan en la Constitución de la República.
Analizan que, en consecuencia, los obstáculos que enfrenta Honduras no son culpa del referido cuerpo normativo, sino de quienes incumplen las leyes y violentan la Carta Magna.
Otros estudiosos de las Ciencias Jurídicas y Sociales consideran que antes de reformar la Ley Primaria, es obligatorio preguntar si no es más consecuente una renovación completa de la clase política.
