La Mesa Penitenciaria, pide se declare emergencia penitenciaria nacional y la destitución de las autoridades penitenciarias, tras diferentes sucesos violentos registrados en los últimos días que ha dejado un saldo de al menos 15 privados de libertad.
A la Comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente:
HECHOS: Entre los meses de octubre y la primera quincena de diciembre de 2019 un total de 9 personas han sido asesinadas en cárceles de máxima seguridad del país.
4 menores fallecieron violentamente en el Centro Pedagógico Renaciendo y el Director Interino del Centro Penal de Ilama Pedro Armas fue asesinado tras ser suspendido en el cargo.
El director fue testigo presencial del asesinato de Nery Orlando López Sanabria también conocido como Magdaleno Meza Fúnez autor de la Narco libreta utilizada como medio probatorio por la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de New York donde se llevó a cabo el juicio y el fallo condenatorio de Antonio Hernández hermano del titular del Ejecutivo en Honduras.
REPUDIAMOS contundentemente los hechos de violencia suscitados en los Centros de Morocelí, Ilama, Támara, Santa Rosa de Copán y el Centro Pedagógico Renaciendo que han dado como resultado la muerte de al menos 20 personas y varios heridos durante el año 2019. Nos solidarizamos con el dolor de los familiares de las víctimas, nos unimos a su reclamo de justicia, a su exigencia de que se realicen una eficaz e imparcial investigación y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
CONSTATAMOS con dolor, que esta repudiable situación de violencia no es exclusiva de los establecimientos penitenciarios.
Ella se manifiesta en otros centros de detención como postas, separos militares, e incluso se ha constatado la práctica de malos tratos y torturas en establecimientos no autorizados por la ley.
Todo en un clima de violencia social generalizada que dan cuenta de un incremento de las masacres, de los femicidios y la muerte sumaria de niños y jóvenes, algunos incluso se han visto hombres con uniforme de los cuerpos de seguridad del Estado.
¿FRACASO O USO PERVERSO DE LA VIOLENCIA? Muchas son las interrogantes que rodean la situación de violencia en el Sistema Penitenciario: en particular observamos un repunte a partir del fallo condenatorio en la Corte del Distrito Sur de New York. Observamos además que estos hechos se realizan mediando armas de fuego y arma blanca, en un sistema penitenciario militarizado y con tecnología apropiada. Observamos igualmente que este repunte se realiza en la provocada “parálisis” del Mecanismo Nacional de Prevención
Contra la Tortura al negarse el Ejecutivo a la juramentación de las Comisionadas del MNP- CONAPREV.
Más nos preocupa que las investigaciones se realizan con poca transparencia, con escasa autonomía e imparcialidad de los órganos investigativos y del Poder Judicial, y que hasta la fecha el único resultado es la más absoluta impunidad.
EXIGIMOS: Decretar emergencia penitenciaria nacional, la destitución inmediata de las actuales autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y la creación de una Comisión Ad Hoc profesional e imparcial con apoyo y veeduría de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la Relatoría Especial de Privados y Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Nacional Contra la Tortura, (MNP-CONAPREV), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Juezas y Jueces de Ejecución y Organizaciones de la Sociedad Civil hondureña.
IMPERATIVO: Es fundamental que esta comisión esté investida de autoridad al menos para:
1) liderar una pronta y eficaz investigación de los crímenes ocurridos en los Centros Penitenciarios señalados, se deduzca responsabilidad a los autores materiales e intelectuales, así como reparar integralmente a las víctimas.
2) Establezca un plan para desmilitarizar el sistema penitenciario. Inclusive proponga la derogación de Decretos relacionados con la militarización, el uso excesivo de la Prisión Preventiva y se den plenas garantías para que el Sistema Penitenciario Nacional sea administrados por personal civil profesional en la materia y con carácter de funcionarios públicos, cumpliendo con ello las recomendaciones de la CIDH, el Comité Contra la Tortura y otros órganos de tratado.
3) Se apruebe e implemente una Política Pública Penitenciaria que garantice la doble función establecida en nuestra Constitución de la República: La seguridad Social, la rehabilitación y la reinserción social de las y los privados de libertad.
