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El Gobierno de Daniel Ortega envió este miércoles un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) que busca proteger a los funcionarios del Estado y a las instituciones públicas de las sanciones externas, y acusar de traición a la patria a la persona natural o jurídica que la incumpla en el territorio nacional.



La iniciativa tiene por objeto proteger a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones "que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de desarrollo de Nicaragua y perjudiquen las finanzas y el libre comercio interior y exterior", según el proyecto.



La iniciativa, denominada 'Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas', será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el proyecto.



El Ejecutivo sandinista define como sanciones, según la iniciativa, "a las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, que consisten en acciones económicas, comerciales o de otra índole implementada por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros".



Esas medidas, según dijo Ortega en su propuesta, tienen como objetivo debilitar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado, ejerciendo presión sobre individuos, grupos o entidades dentro de su territorio, con el fin de influir en sus decisiones políticas o económicas.



<h2>Sanciones serán inaplicables en Nicaragua</h2>



Asimismo, el proyecto contempla la inaplicabilidad de las sanciones, y establece que "en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional".



"Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance", señala.



La iniciativa establece que ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado.



Tampoco le serán aplicables las sanciones a las adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional.



Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.



Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones.



<h3>Acusarán de traición a la patria al que la incumpla</h3>



"Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria", advierte la iniciativa.



Asimismo, las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas, en el caso de ser afectados por la aplicación de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, conforme a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas.



En un principio, el Gobierno de Nicaragua decía que las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países imponían por violación a los derechos humanos y socavar la democracia a funcionarios allegados a Ortega, incluido a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no eran de "interés nacional, o personal, de ninguno", incluso la calificaban como una "condecoración".



Posteriormente comenzaron a protestar "enérgicamente" por esas sanciones y a denunciarlas en foros internacionales.



Además de la esposa de Ortega, EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a cuatro de los hijos de la pareja presidencial; al titular del Banco Central, Ovidio Reyes; al jefe del Ejército, Julio César Avilés; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, entre otros, así como a entidades públicas.