Naufragio La Mosquitia: Inspectores reciben sobornos para permitir sobrecarga en embarcaciones

Las denuncias señalan que los inspectores delegados por las dependencias estatales competentes reciben sobornos en efectivo y en especie de parte de los propietarios de las embarcaciones pesqueras, a cambio de que se les permita operar incluso en épocas de veda y en  las situaciones más precarias.

La ley de la selva es la que impera en los trabajos de sustracción de frutos del mar. Sencillamente no existen protocolos de control de carga ni de seguridad de los pescadores.

Esto es lo que ha quedado de relieve, con motivo del mortal naufragio de la embarcación “Capitán Wally” en La Mosquitia y que ha sido saldado con 27 muertos, casi una decena de desaparecidos y medio centenar de sobrevivientes.

¿Qué tipo de controles son ejercidos por las Direcciones de Pesca y Marina Mercante sobre las faenas en el mar? Autoridades a cargo de las funciones de vigilancia y de seguridad afirmaron que realizan acciones coordinadas.

Pero acusaron que las medidas son marginadas por quienes están al frente de las embarcaciones, pues son ellos quienes permiten que los pescadores y buzos aborden las lanchas, por encima de su capacidad de peso.

Funcionarios de la Dirección de Marina Mercante manifestaron que la desgracia ocurrida varias millas al norte de Gracias a Dios pudo deberse a la mezcla de tres factores: La sobrecarga, las malas condiciones del tiempo y el irrespeto a las elementales disposiciones de protección de los ocupantes.

Las hipótesis que son consideradas como las más viables son las referidas al traslado de un excesivo número de tripulantes y de pescadores, así como la falta de dotación de implementos de seguridad.

Es válida la pregunta: ¿Cómo es posible que las autoridades de Marina Mercante y de la misma Fuerza Naval acepten que las embarcaciones pesqueras navegan por encima de la capacidad de ocupantes, porque en alta mar se agregan más ocupantes?

Tales irregularidades son de conocimiento de las autoridades y de funcionarios intermedios de la Dirección de Marina Mercante; sin embargo, se hacen los desentendidos, de acuerdo con los informes que han trascendido y los datos proporcionados por los mismos pobladores del sector.

Las denuncias señalan que los inspectores delegados por las dependencias estatales competentes reciben sobornos en efectivo y en especie de parte de los propietarios de las embarcaciones pesqueras, a cambio de que se les permita operar incluso en épocas de veda y en  las situaciones más precarias.

Esto es una mezcla de corrupción, violación a las leyes ambientales y vulneración de los derechos humanos de la población pobre que se dedica al trabajo en alta mar, porque es su única fuente de ingresos.

Conocedores del rubro han demandado que se realice una revisión de la Ley de Pesca que tiene muchas lagunas y contradicciones, además de ser una normativa plasmada en papel mojado a la que no se le da cumplimiento.

El incidente de la embarcación “Capitán Wally”, requiere una investigación exhaustiva, dadas las implicaciones que tienen las labores de los pescadores. Actualmente hay más de 5,000 buzos activos y centenares de ellos yacen incapacitados, justamente porque no son observadas las normativas de seguridad que manda la ley.