Si hay algo que caracteriza al sistema educativo hondureño es su lento avance en la transparencia y rendición de cuentas.
De hecho, es una de las conclusiones de los informes y evaluaciones realizadas por expertos en educación y generación de conocimiento para el desarrollo.
La transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes a los que se da preponderancia en la Ley Fundamental de la Educación que entró en vigencia en 2012.
Más adelante, la Secretaría del ramo puso en práctica un plan llamado “Reducción de Riesgos de Corrupción del Sector Educativo”, reseñan documentos de evaluación.
El primer examen de resultados detectó debilidades en la confiabilidad de los sistemas de información, de control interno y participación ciudadana, así como en el manejo de recursos docentes.
Los funcionarios del ramo aseguran que ha habido avances en los sistemas de información sobre rendimiento académico, a partir de las pruebas estandarizadas, y sobre la administración de centros educativos.
Pero los críticos de las políticas del sistema de enseñanza-aprendizaje, sostienen que no se ha caminado nada en la articulación de una cultura de evaluación y rendición de cuentas para medir el rendimiento académico.
Se trata de una herramienta que ayudaría a conocer el desempeño de los alumnos en las materias de español y matemáticas de primero a noveno grado y su análisis por parte de los docentes, autoridades y comunidad de padres de familia.
Es muy pobre, asimismo, los resultados del proceso de descentralización educativa que descansa sobre las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales.
Es sabido que el proceso de descentralización de la gestión educativa, debería de permitir mayor participación y compromiso de todos los actores de la educación.
Los resultados de la descentralización no son los esperados. Apenas y se pueden mencionar el pago de planillas, la firma de convenios, el manejo de fondos diferenciados y el financiamiento focalizado de tareas específicas.
También es minúsculo el balance relacionado con la transferencia de toma de decisiones para la selección de personal docente y administrativo, aunque prevalen los vicios del “clientelismo” y “nepotismo”.
La participación comunitaria, mediante los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, el Programa de Educación Comunitaria y otros proyectos y planes, han quedado limitados a su contexto teórico, pero no han trascendido al campo de la realidad.
La gestión educativa muestra mayúsculos retos asociados con la transferencia de funciones y responsabilidades, generación de recursos y compromiso de quienes forman la cadena de funcionamiento del sistema de enseñanza-aprendizaje del país.
