Las declaraciones vertidas por los testigos en el juicio que se sigue a Antonio Hernández, hermano del mandatario Juan Orlando Hernández, bajo la imputación de tráfico de drogas, han generado reacciones extremas.
Los opositores políticos y una franja de la sociedad civil han hecho oportuno el ambiente de agitación para convocar a movilizaciones dirigidas a pedir la salida de Hernández del poder.
El criterio de estos segmentos es que Honduras es un "narco-Estado" y que se encuentra a la sombra de una "dictadura" que debe ser desintegrada y sustituida por la voluntad legítima del pueblo.
Grupos ligados con el mandatario también han salido a la calle para expresar su solidaridad y demandar que se dé continuidad a la lucha contra el crimen organizado.
En el seno del Poder Legislativo, se ha barajado la propuesta de iniciar un juicio político contra Hernández y en círculos de intelectuales y conocedores del Derecho se ha vuelto a poner en el tapete el espinoso tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para "armar un nuevo Estado de Honduras".
La información que llega desde Nueva York, en oportunidad del juicio contra Antonio Hernández, impacta duramente sobre la crisis política en Honduras. Y es que la contaminación de la vida institucional por el tráfico de drogas es grave.
Causan polvareda los testimonios que han brindado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El cabecilla del Cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ha afirmado que Hernández sí tiene vínculos con los grupos dedicados al trasiego de drogas.
Suma y siguen los datos: Rivera Maradiaga mencionó a varios diputados de la Cámara Legislativa, nacionalistas y liberales, de quienes dijo colaboraban para él a través de información y despliegue de seguridad en sus actividades ilícitas. Entre estos políticos identificó a Óscar y Fredy Nájera, Reynaldo Ekónomo, Milton Puerto y Carmen Rivera.
Mientras tanto, el ex alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, respondió a interrogantes en torno a sus presuntos encuentros con el narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán, en los que se asume se negoció la entrega de dinero para financiar las campañas políticas del ex presidente, Porfirio Lobo, y el actual mandatario Hernández.
Además, confió que el ex viceministro Carlos Pineda es el personaje a quien se le encomendó la tarea de coordinar las reuniones entre el mandatario Hernández y los "capos" que presumiblemente contribuyeron a financiar sus proyectos políticos.
No quedaron fuera del relato varios policías acusados de haber tomado participación en los supuestos operativos de resguardo de los paquetes de drogas enviados a Estados Unidos y en la filtración de información.
El ex funcionario edilicio declaró haber sido testigo de una reunión celebrada en 2013 en la que Joaquín, "El Chapo", Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo al diputado Antonio Hernández para la campaña del hermano de éste, Juan Orlando Hernández, actual mandatario del país.
Ardón aseveró, además, que el imputado le ayudó a consumar el tráfico de entre 30 y 40 toneladas de cocaína entre 2010 y 2018, cuando Hernández fue detenido en Estados Unidos.
De su parte, Víctor Hugo Morales, "El Rojo", reveló que concedió cien mil dólares para financiar las campañas comiciales del ex gobernante, Porfirio Lobo Sosa, y la reelección del mandatario Hernández.
Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, "El Rojo" agregó que en 2005 Hernández pidió 40,000 dólares que serían empleados para darle soporte a las actividades proselitistas de su hermano que, en ese entonces, se había lanzado como legislador.
La defensa solicitó que se le facilite el vídeo completo del interrogatorio al que fue sometido el acusado luego de su detención en el aeropuerto de Miami, en noviembre de 2018 por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
¿Qué lecciones deja este episodio histórico y mediático y cuál es su impacto sobre la institucionalidad y la democracia, expuestas a una convulsión?
