Las acciones perpetradas por las maras y pandillas siguen siendo la principal causa del desplazamiento interno de los hondureños por violencia.
Un estudio sobre la caracterización del fenómeno del desplazamiento, concluye que un 48 por ciento de los responsables del mismo son maras y pandillas; el 14 por ciento son los mismos familiares; el 12 por ciento cae sobre vecinos y amigos; y el cuatro por ciento pertenece a los narcotraficantes y sicarios.
En el período entre 2004 y 2018, más de 247,000 personas han debido huir, porque su vida ha sido puesta en riesgo por parte de los integrantes de asociaciones ilícitas.
Esa masa es equivalente a cerca de 59,000 hogares desplazados en 14 años. En su mayoría, son radicados en Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida.
Siete de cada diez núcleos familiares reportan que han tenido que huir de su casa, debido a que han sido víctima de uno o más hechos de violencia.
Un dato resaltado en el informe sobre la movilización forzada es el que apunta que más del 40 por ciento de familias desplazadas tienen menores de edad y un considerable porcentaje de éstas son lideradas por mujeres.
Más de 80 por ciento de los que se van huyendo para salvar su vida, tiene la intención de quedarse en el territorio de refugio, el resto quieren reubicarse o salir del país.
Un documento sobre la violencia en el Triángulo Norte, elaborado por organismos de la sociedad civil y la Universidad Nacional, hace unos cinco años, revela que la cifra de personas que han debido movilizarse, víctimas del acoso de los malhechores organizados, se ha incrementado vertiginosamente.
Investigaciones desarrolladas en ese entonces por entendidos en la problemática, revelaban que los departamentos más impactados han sido Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Comayagua y Yoro.
Siguen siendo las ciudades mayormente afectadas por la éxodo de sus oriundos: San Pedro Sula, Choloma, el Distrito Central, La Ceiba, Tocoa, Comayagua y El Progreso.
La cabecera departamental de Cortés tiene una significativa incidencia de narcotráfico, homicidios, extorsión, amenazas a muerte y violaciones sexuales.
En Choloma, también existe una amplia actividad de los grupos dedicados al trasiego de drogas, sicariato y extorsión, ilícitos considerados como las principales causas de la expulsión de sus habitantes.
En la capital están enraizados los delitos del sicariato, narcotráfico, extorsión y colusión entre pandillas, crimen organizado y miembros de la Policía Nacional, subraya el documento "Violencia en el Triángulo Norte".
Una situación muy similar es la que acontece en La Ceiba, Atlántida, un municipio caracterizado por la alta influencia de las agrupaciones especializadas en asesinatos, cobro del impuesto de guerra y la narcoactividad.
Tocoa, en Colón, es otro de los municipios que presenta un flujo grande de sus habitantes en condición de expulsados e igual calificativo es aplicado a la realidad que vive Siguatepeque, en Comayagua.
En este comprendido se ha detectado una fuerte presencia de narcotraficantes, criminales organizados, así como una acentuada concentración de delitos de extorsión y homicidios.
En Yoro, sobresale El Progreso, cuyo perfil de violencia está relacionado con la actuación de las maras y bandas del crimen organizado, responsables de asesinatos por encargo, homicidios, extorsión y robos a mano armada.
