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Está por cumplirse el plazo que establece la ley para que el Congreso Nacional convoque a la integración de la Junta Nominadora de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia.



Este llamado debe realizarse en la primera quincena de julio, pero la nota distintiva del actual proceso es la incertidumbre que genera que todavía el Poder Legislativo no haya discutido ni aprobado la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados.



Esta iniciativa del Poder Ejecutivo es uno de los tres proyectos que están pendientes de ser debatidos sobre la elección de altos funcionarios, pero es la única propuesta relacionada específicamente con el papel de la Junta Nominadora.



La legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la independencia y la responsabilidad, son los principios que el proyecto de ley enumera para salvaguardar el proceso que comienza con la convocatoria a formar la Junta Nominadora y que termina con la entrega de la lista de candidatos a magistrados.



A más tardar el 31 de agosto deben estar acreditados un representante propietario y un suplente de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados y el Comisionado de los Derechos Humanos, junto con su sustituto.



Lo propio corresponde al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), al Claustro de las escuelas de ciencias jurídicas, a las organizaciones de la sociedad civil y a las confederaciones de los trabajadores.



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La propuesta del Gobierno Central, elaborada con el apoyo de las Naciones Unidas, incorpora la prohibición de que los miembros de la Junta Nominadora puedan ocupar posiciones en el Poder Judicial en los dos años siguientes a la conclusión de su trabajo.



Igualmente, descarta la posibilidad de que las propias organizaciones integrantes presenten listados con candidatos; por tratarse de una práctica que las coloca como “juez y parte”. Quienes quieran participar del proceso de selección tendrán que hacer uso de la autopropuesta.



Los organismos de la sociedad civil y experimentados profesionales de las ciencias jurídicas y sociales han remarcado que únicamente con magistrados probos, independientes y capaces se garantiza el respeto a la independencia del Poder Judicial y el combate a la impunidad.



Los analistas han subrayado, de su parte, que Honduras atraviesa por el riesgo de que los principales actores no se pongan de acuerdo y se coloque en la "cuerda floja" la elección del más alto tribunal de justicia.



El Estado de Derecho está debilitado y la democracia hondureña agoniza. Esto hace que la elección de los nuevos magistrados sea crucial para el país, han advertido los analistas que avizoran una turbulencia institucional.



Y los líderes religiosos y representantes de organismos internacionales han demandado celeridad en la aprobación de la ley que se requiere para volver más transparentes las reglas de selección de los funcionarios judiciales.



Todo pasa por el compromiso de preservar la democracia, que es el sistema basado en la voluntad y decisión de las mayorías y en la obligación de los gobernantes de abandonar las prácticas demagógicas y populistas; en cambio, asegurar justicia social, desarrollo económico y la independencia de los Poderes del Estado para fortalecer las instituciones.



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