Una de las noticias que ha tomado relevancia por sus alcances es el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y Honduras sobre migración y seguridad fronteriza.
El pacto de cooperación tiene, además, carácter integral, bajo la premisa que somos un socio y un aliado confiable de Estados Unidos, un país con el que hemos trabajado muy de cerca, en sintonía con la exigencia del norte de evitar la emigración irregular.
Este discurso es el que han pronunciado nuestras autoridades, pero que hay que leer entre líneas, a partir de una verdad central: Los acuerdos asumidos por Honduras están inscritos en las políticas de endurecimiento contra los indocumentados que han abandonado nuestro territorio por las agrestes condiciones sociales en que vive la mayoría de la población.
Una de las observaciones que se han hecho palmarias, una vez conocida la determinación de Honduras de adherirse a un pacto migratorio con Estados Unidos, es que el mismo tiene componentes de riesgo.
A menos que los análisis posteriores y las evaluaciones de mayor profundidad señalen una dirección contraria, lo que se deja traslucir son repercusiones no tan ingenuas desprendidas del concepto de territorio seguro y de la figura del derecho de asilo que forman parte del compromiso.
Merece una reflexión mucho más franca la estrategia construida por Los Estados Unidos de negociar por separado con los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, porque ello ha derivado en la desarticulación de la vieja propuesta conjunta del Triángulo Norte de Centroamérica.
La llamada Alianza para el Progreso que habían logrado encadenar los países mayormente impactados por la emigración ilegal, desordenada e insegura, quedó soterrada y, con ello, la oportunidad de armar un frente centroamericano en la lucha por mejorar las condiciones socio-económicas de estos pueblos, particularmente de los hondureños.
Desde los intereses de Estados Unidos, la solución de la crisis en la frontera depende de un trabajo conjunto con los vecinos de la región centroamericana; esto es, promover capacidades de asilo y protección más fuertes en el Triángulo Norte.
Sin embargo, el problema migratorio -tal como lo concibe la administración Trump- es una manifestación chauvinista que toca los derechos humanos y que obliga a estos países, incluido el nuestro, a adoptar condiciones para retener la migración fuera de sus fronteras.
Lo que hay que ver es si, en medio de estas complicaciones, es posible levantar un bloque consolidado en defensa de los emigrantes y generar condiciones de dignidad para que los hondureños no sigan yéndose al suelo hostil de Estados Unidos, que no es la tierra prometida para los nuestros.
