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Las controversias que giran
alrededor del Código Penal que está propuesto para que entre en vigencia en
pocas semanas ilustra cómo en nuestro país la discusión de las leyes es
superficial y mediatizada.



Se han multiplicado los
sectores que han armado un frente de rechazo indeclinable contra la puesta en
vigor del instrumento legal, cuyo contenido es comparado con una tabla de
disposiciones benévolas para los corruptos.



¿Es el Código Penal un
revestimiento de impunidad? Los grupos que cuestionan el articulado de dicha
normativa no vacilan en responder que Sí, a la luz de su convicción de que el
mismo cuenta con puertas falsas que llevan a un beneficio para los culpables.



Las dudas se ciernen sobre el
carácter blandengue de las disposiciones aplicadas sobre los delitos de
malversación de caudales, lavado de activos, fraude, secuestro y narcotráfico
para solo mencionar algunos de los ilícitos más graves. 



En
su defensa, los legisladores que promueven la nueva tipificación penal han
afirman que se imponen el principio de proporcionalidad, las implicaciones del
delito y la impartición equitativa de la justicia, además del respeto a la presunción
de inocencia y sus garantías derivadas.



Pero
resulta que son más los baches e interrogantes que las certezas desprendidas
del texto que contiene el controvertido Código Penal que crea cincuenta figuras
delictivas.



Este
solo hecho tendría que llevar al Poder Legislativo a abrir un amplio espacio de
debate para evaluar los puntos de contraste y revisar aquellas disposiciones
que están alejadas de la relación delito-condena.



Una
actitud salomónica ante la presente disyuntiva es que debería conducir a los
diputados a extender la "vacatio legis" del Código Penal, con vistas
a que este cuerpo legal sea el resultado de un análisis integral y de un
consenso incluyente.



Lo
ideal es que el Código Penal sea constituido en un instrumento para la
persecución rauda del delito, el ejercicio expedito de la acción penal, la
impartición oportuna de la justicia en nuestro país, conceptos éstos que son
cruciales para el fortalecimiento de nuestro estamento jurídico. 



Porque
hoy por hoy, la justicia en nuestro país es objeto de contundentes cuestionamiento
que repercuten negativamente sobre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho
de Honduras.