Las controversias que giran alrededor del Código Penal que está propuesto para que entre en vigencia en pocas semanas ilustra cómo en nuestro país la discusión de las leyes es superficial y mediatizada. Se han multiplicado los sectores que han armado un frente de rechazo indeclinable contra la puesta en vigor del instrumento legal, cuyo contenido es comparado con una tabla de disposiciones benévolas para los corruptos. ¿Es el Código Penal un revestimiento de impunidad? Los grupos que cuestionan el articulado de dicha normativa no vacilan en responder que Sí, a la luz de su convicción de que el mismo cuenta con puertas falsas que llevan a un beneficio para los culpables. Las dudas se ciernen sobre el carácter blandengue de las disposiciones aplicadas sobre los delitos de malversación de caudales, lavado de activos, fraude, secuestro y narcotráfico para solo mencionar algunos de los ilícitos más graves. En su defensa, los legisladores que promueven la nueva tipificación penal han afirman que se imponen el principio de proporcionalidad, las implicaciones del delito y la impartición equitativa de la justicia, además del respeto a la presunción de inocencia y sus garantías derivadas. Pero resulta que son más los baches e interrogantes que las certezas desprendidas del texto que contiene el controvertido Código Penal que crea cincuenta figuras delictivas. Este solo hecho tendría que llevar al Poder Legislativo a abrir un amplio espacio de debate para evaluar los puntos de contraste y revisar aquellas disposiciones que están alejadas de la relación delito-condena. Una actitud salomónica ante la presente disyuntiva es que debería conducir a los diputados a extender la vacatio legis del Código Penal, con vistas a que este cuerpo legal sea el resultado de un análisis integral y de un consenso incluyente. Lo ideal es que el Código Penal sea constituido en un instrumento para la persecución rauda del delito, el ejercicio expedito de la acción penal, la impartición oportuna de la justicia en nuestro país, conceptos éstos que son cruciales para el fortalecimiento de nuestro estamento jurídico. Porque hoy por hoy, la justicia en nuestro país es objeto de contundentes cuestionamiento que repercuten negativamente sobre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de Honduras.
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