Ley de desplazamiento interno será presentada al Congreso Nacional este mes de marzo

La Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), presentará este mes de marzo al Congreso Nacional de la República la “Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente”.

La Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas forzadamente, será la primera de su tipo en el país y la región, y contribuirá a la restitución de los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento en el país.

El proyecto contempla la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, que incluye medidas de protección y prevención. Este proyecto de ley crea un mecanismo de asistencia humanitaria, que permitirá atender las necesidades más urgentes de la población en la fase de emergencia. Así también, la protección de los derechos humanos de las personas, particularmente de sus bienes y patrimonio abandonado.

Otro elemento, que contempla el proyecto es la promoción de condiciones que faciliten el logro de soluciones duraderas para las familias y comunidades afectadas por el desplazamiento forzado por la violencia.

Por otro lado, prevé la elaboración de la primera Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado, la cual se constituirá como un medio para abordar las causas que generan el desplazamiento, reducir su ocurrencia y mitigar el impacto.

El proceso de formulación del proyecto de ley ha sido liderado por la Secretaría de Derechos Humanos, y construido con la participación de alrededor de 30 instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos locales desde el 2016.

Es de hacer notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), brindaron asesoría técnica para la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario a la propuesta de ley.