La desesperación se acumula en la frontera de México

La resignación convive con la desesperanza y coquetea con la desesperación en la frontera de México y Estados Unidos.

El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump amenaza con desbordar el lado mexicano, donde se gesta una crisis que pone a prueba al Gobierno de López Obrador.

Miles de personas aguardan para solicitar los trámites de asilo en Estados Unidos, un proceso cada vez más lento.

La espera en territorio mexicano, la saturación de los albergues y el acecho de las mafias que cruzan a las personas ilegalmente ha evidenciado que, pese a no tratarse de un fenómeno nuevo, las carencias y necesidades de las localidades fronterizas son enormes, incluida Tijuana, construida, se podría decir, por pedazos de distintas patrias.

Reina Espinosa llegó a San Luis Río Colorado “sin querer queriendo”. Acabó en esta localidad del Estado mexicano de Sonora, fronteriza con Arizona, como podía haberlo hecho en cualquier otro punto de los más de 3.000 kilómetros que separan ambos países.

Lo único que esta mujer de 32 años tuvo claro hace mes y medio, cuando agarró a su hijo, de siete, es que necesitaba abandonar Honduras.

La colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, de donde no se sale, se huye: de la violencia, de las amenazas de las pandillas. Huir para llegar a la frontera norte de México.

Dónde, era lo de menos. Cómo, tampoco importaba mucho. “Jalón a jalón”, por delante le quedaba un mes de camionetas, autobuses, robo de dinero… Con la única compañía conocida de su hijo, una amiga y la hija de esta. Desde hace tres semanas reposa su espalda sobre el muro que le separa, según ella cree, de una mejor vida.

Junto a Espinosa y su hijo hay otras 200 personas, en su mayoría familias con niños. Casi todos son mexicanos, de las regiones más pobres y golpeadas por la violencia, pero también guatemaltecos, hondureños, cubanos. Todos esperan a que los guardias fronterizos les llamen para poder iniciar los trámites de asilo en Estados Unidos. Un turno que se eterniza. Cada día, con suerte, seis o siete personas son recibidas del otro lado. En diciembre, con la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos al norte de México, Trump ordenó reforzar la seguridad fronteriza. Fue un golpe psicológico para los que aguardan a cruzar. En el paso de San Luis Río Colorado (México) con San Luis Arizona (EE UU), las autoridades cubrieron el muro que ya existe y los primeros metros de suelo estadounidense con alambres de espino.

A los migrantes, pese a estar en suelo mexicano, les pidieron que se movieran para que no se confundiesen con los vecinos que entran y salen a diario de forma legal. Desde entonces, han improvisado un campamento. Del muro cuelgan lonas de plástico que cubren las colchonetas donde duermen y se cobijan de las bajas temperaturas. Esta mañana de domingo, el sol aliviana un poco la noche anterior. Cerca de 60 personas, la mayoría mujeres con niños, fueron trasladados a un albergue. Se lo suplicaron los trabajadores sociales. Ellas se resistían por miedo a perder su número en la lista que han improvisado y que nadie sabe muy bien quién gestiona.

Se trata del mismo albergue donde hace unas semanas llevaron a una treintena de migrantes que trataron de cruzar por el río Colorado y poco menos que se congelan en el intento. El lugar está acondicionado, pero tiene un límite, admite su administrador. Si todos los que esperan frente al muro pidiesen quedarse allí, no podrían. Solo con que se repita de nuevo el fenómeno de otra caravana —hay una que prevé salir de Honduras el día 15—, se desbordaría la localidad. “Ningún punto de la frontera está preparado para recibir una afluencia de gente como la de noviembre, ni siquiera Tijuana. El Estado tiene cierto desbordamiento, porque se está generando una población flotante que de momento no se puede cuantificar”, asegura Eunice Rendón, de Agenda Migrante.

Como la pareja salvadoreña, al menos un millar de centroamericanos que llegó con la caravana vive en El Barretal, un albergue a 20 minutos en coche del centro de Tijuana. Otros cientos de migrantes se han ido alojando en casas y los hay también que están desperdigados por otra veintena de centros con los que cuenta la ciudad fronteriza por excelencia de México, construida, se podría decir, por pedazos de distintas patrias.

Algunos también viven de forma temporal en bodegas cedidas por vecinos, pero que han empezado a causar problemas. El pasado fin de semana, las autoridades trataron de desalojar uno de esos lugares, donde se encontraban unos 150 migrantes. La presencia de activistas estadounidenses —entre ellos miembros de BAMN, pero también de organizaciones con mayor prestigio— consiguió que no se llegara a utilizar la fuerza durante horas. Las autoridades argumentaron problemas de insalubridad, posibles focos de enfermedades, aunque para los inquilinos no era más que una muestra de racismo.

“Hay gente que no nos quiere tener aquí”, asume Claudia Hernández, una hondureña de 29 años, junto a su hija Angelina Julieth, de seis. Apenas cuentan con una colchoneta para las dos, una tienda de campaña y una mochila en la que carga sus pocas pertenencias. Niega con la cabeza cuando se le pregunta por la posibilidad de regresar a su país. “Yo me fui porque fui testigo de un asesinato. Mi hermanastro era policía, quiso abandonar el cuerpo y lo mataron. Me dijeron que si denunciaba harían lo mismo conmigo. ¿Cómo voy a volver?”. Ha optado por pedir la solicitud, pero no tiene muy claro los procedimientos a seguir. “Me han dado un número, el 1702. Me parece muy largo. ¿Qué hago mientras espero tanto tiempo?”. Con información de El País.