La violencia criminal desbordada sobre los transportistas está retratada en los datos que significan que veinte operadores del rubro han muerto en apenas un mes y medio que ha transcurrido de 2020.

Los registros estadísticos detallan que ocho pilotos de taxis, seis conductores de autobuses y tres de moto-taxis, además de tres ayudantes han sucumbido a los ataques de los criminales.

La principal causa del derramamiento de sangre en el rubro del transporte se ha relacionado con el cobro de la extorsión, un esquema brutal en el que están involucrados hasta los mismos transportistas coludidos con las bandas dedicadas a tales menesteres.

Los grupos delictivos que tienen como su principal quehacer la exigencia de una "cuota mensual" a los transportistas, no han podido ser contrarrestados con aplomo por parte de las fuerzas especiales de seguridad.

Puede afirmarse que los malos "se han salido con las suyas", puesto que reciben mensualmente la "bicoca" de 20 millones de lempiras, solamente de parte de los transportistas de la capital expoliados.

Es cierto que los cuerpos élite han logrado detener algunos personajes de peso en el lado oscuro de la extorsión, pero no son "golpes contundentes".

Sin embargo, en los días que apenas han transcurrido de 2020, las acciones criminales contra los operadores de rubro han recrudecido y obligado a los empresarios a paralizar el servicio en las rutas más conflictivas.

La Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano se ha limitado a expresar que es lamentable el incremento en el número de los homicidios de conductores y asistentes de la actividad.

Es innegable que lo que ocurre es "enmarañado" y no es fácil de enfrentar, puesto que se dejó que las raíces de la criminalidad organizada crecieran en el transporte.

En verdad, el drama que vive el sector transporte ha sido abordado más desde la óptica del "escándalo" y a la luz de los "falsos y aparatosos" compromisos para acabar con la desenfrenada inseguridad.

A puras palabras quedaron reducidos todos los proyectos tendientes a la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y otros dispositivos en las unidades de transporte. Al menos, se avanza a paso "muy lento" en tales iniciativas de seguridad.

Los extorsionadores siguen haciendo su trabajo letal y el adecentamiento del rubro tampoco muestra muchos cambios. Todo sigue igual.

Los usuarios y los mismos conductores y cobradores están más expuestos en las garras de los extorsionadores, mientras los cuerpos de seguridad avanzan con pasos de plomo, más entretenidos en otros asuntos de importancia secundaria como son la regulación en la portación de vidrios opacos y la instalación de luces led, de televisores o de parlantes en su máximo volumen.

Sin demora, hay que ir a fondo de la embarazosa actividad del transporte público, porque lo que sucede ahora sólo contribuye a crear zozobra, atizar la violencia y abrir terreno a los malhechores.