Las más recientes iniciativas aprobadas por el Congreso Nacional, las medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo y los criterios que imperan en la impartición de justicia.

Los sectores empresarial e industrial, así como el liderazgo de la iglesia y los órganos de la sociedad civil han intensificado sus juicios de censura contra la galopante corrupción en el país.

Estos elementos de valor se han desprendido con mayor fuerza de las reformas legislativas que han dado vida o reactivado iniciativas que abren el arca para el manejo de fondos públicos.

Uno de tales casos es la reanudación del llamado Fondo Social Departamental que es una jugosa suma entregada a los congresistas para llevar supuestas obras de desarrollo a sus comunidades.

Los inversionistas han clamado en las últimas horas para que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la disposición contenida en la Ley de Presupuesto y que permite la transferencia de partidas para que los legisladores gestionen proyectos de bienestar social.

En opinión de la dirigencia del sector industrial el origen de todos los males de Honduras está precisamente en los actos de corrupción que, según estiman los críticos, terminan en un inescrupuloso robo de al menos 50,000 millones de lempiras anuales.

Miembros de la cúpula religiosa del país, concretamente de la Iglesia Católica, han reconvenido con toda dureza: "Los corruptos son solidarios entre ellos y saben arroparse con la cobija de la impunidad".

Como es conocido, el Ministerio Público es de la opinión que varios instrumentos legislativos como es el caso del Fondo Social Departamental  omiten los principios de la Constitución y evaden el orden establecido con lo cual se impide la acción de la Fiscalía en la investigación de los ilícitos penales.

Con estos razonamientos están en sintonía analistas independientes y organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción que han señalado la existencia de todo un entramado para boicotear la lucha a favor de la transparencia.

La corrupción le ha ocasionado a Honduras la pérdida del dos por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), además de causar el deterioro institucional, profundizar la descomposición social y amenazar el imperio de la ley.