Una vez que ha entrado en operación la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción (UFERCO), se ha desatado una surte de reacciones en torno a la ruta que sigue Honduras en materia de transparencia. La salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), dejó un sabor amargo respecto a la quebradiza voluntad y el tambaleante compromiso para combatir la impunidad en el país. A la luz de lo expuesto por quienes han tomado las riendas de la nueva instancia de combate a la corrupción, no debemos alimentar esperanzas sobre un vuelco en la cultura de rendición de cuentas. La UFERCO ha sido dada a luz sin la suficiente fuerza ni las adecuadas herramientas para ganarle el partido a los inmorales y deshonestos que se han robado nuestros recursos. Nos genera desconfianza el doble discurso pronunciado sobre la línea de una batalla contra la corrupción y de la anunciada política contra la criminalidad en Honduras. Son planteamientos desprovistos de una férrea legitimidad y credibilidad, habida cuenta la confabulación de ciertos grupos que -al final- obtuvieron su propósito de sepultar el acompañamiento de la misión de la Organización de Estados Americanos. No cabe duda que sectores económicos y fuerzas políticas están al acecho y listos para conspirar contra cualquier nuevo esfuerzo por arraigar una acción depuradora en Honduras. Convencidos estamos que de nada servirán todas las iniciativas a favor de la transparencia si el plan anticorrupción del Gobierno no apunta hacia aquellos focos de infección. El plan anticorrupción debe ser traducido en hechos y no quedarse en palabras vacías, ni en planteamientos populistas o en premisas de fachada. Nos llama a preocupación la aseveración del fiscal general, Oscar Chinchilla, en torno a la existencia de una conspiración contra el Ministerio Público. La amenaza de los deshonestos se ha mantenido viva y fortalecida . Esto es concreto y ha sido denunciado por sectores de la sociedad civil, agrupaciones políticas de la oposición, gremios y ciertas corrientes de empresarios e industriales. Lo destacado es que sea el propio titular de la institución que ejerce la acción penal pública quien haya puesto al descubierto la intención de poderosas células de desbaratar la institucionalidad que lucha contra la corrupción. Nos hacemos eco de la declaración juiciosa en el sentido que No hay peor sordo que el que no quiere oír ni mayor insensato que aquél que se niega a escuchar la voz de la conciencia, el clamor de justicia y la demanda para que sea cortada de raíz la corrupción .
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