Los interventores han señalado que la hoja de ruta que se han propuesto llevar a cabo contempla la liberación del mercado, que es uno de los ejes de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica.

         Los empresarios se han pronunciado a favor de los esfuerzos          encaminados a sanear, modernizar y fortalecer el sub-sector eléctrico, siempre y cuando la gestión de los interventores sea efectiva y no se quede en simples.

Ya están juramentados los integrantes de la Comisión para la Implantación de la Ley General de la Industria Eléctrica que dirigirá el proceso de intervención y administración de la Enee.

Los encargados de llevar a cabo ese proceso son la directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, y los economistas Gabriel Perdomo y Yanuario Hernández.

La crisis financiera, administrativa y de operación de la estatal eléctrica llegó a su extremo. La intervención que entró en desarrollo esta semana es el último intento para evitar que la institución sea sepultada.

Una de las primeras acciones tendría que ir dirigida a sanear las finanzas, algo que es considerado como "un caso perdido". Hasta noviembre de 2019, la Enee reflejaba un déficit acumulado de más de 52,000 millones de lempiras y deudas con los proveedores por 15,000 millones.

Los números en rojo se abultan, porque el Poder Ejecutivo autorizó mayor endeudamiento, mediante la renegociación de 2,750 millones de dólares con la banca multilateral y las instituciones financieras.

Las pérdidas que reporta la institución son una de las principales causas del desequilibrio de las finanzas de Honduras, lo que significa que la Enee es como el agujero fiscal del país.

Las opiniones están divididas en torno al camino que se debe trazar y seguir, en un intento por levantar el "cadáver" de la Empresa de Energía Eléctrica.

Unos, son del parecer que la recuperación no depende de la simple aprobación de la ley de Industria Eléctrica, sino de la recuperación de las pérdidas.

La institución pierde anualmente alrededor de seis mil millones de lempiras al año, de acuerdo con los datos manejados por los desarrolladores privados.

Otros grupos involucrados en la problemática de la Enee, sostienen que un primer renglón estaría dado por la revisión de los contratos de generación que son calificados como "leoninos".

Los interventores han señalado que la hoja de ruta que se han propuesto llevar a cabo contempla la liberación del mercado, que es uno de los ejes de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica.

Los empresarios se han pronunciado a favor de los esfuerzos encaminados a sanear, modernizar y fortalecer el sub-sector eléctrico, siempre y cuando la gestión de los interventores sea efectiva y no se quede en simples discursos como ha ocurrido hasta ahora.

Los dirigentes sindicales de la empresa no han realizado un análisis puntual; más bien, han enfatizado en que la fiscalización de la Enee puede traer consigo una "masacre laboral".

Quienes se han dedicado a estudiar el fracaso de las empresas de servicio público, hacen hincapié en que la intervención de la Enee es apenas una de las muchas medidas que tendrían que ser implantadas para no sepultar a la estatal eléctrica.

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