Jimmy Morales, un presidente contra la democracia en Guatemala

Tomado de Infobae-New York Times

Un presidente impopular, con el respaldo de un ejército de mano dura, partidos políticos de derecha y élites conservadoras. Un presidente que menosprecia las normas y las instituciones democráticas, en particular cuando investigan a su familia y a sus funcionarios de alto nivel. Un presidente que, recientemente, apareció en televisión nacional para proponer medidas drásticas para resolver una crisis que muchos lo acusan de provocar. Poco después, los medios expusieron la falsedad de sus argumentos.

Este personaje es el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un ex comediante de televisión. El 7 de enero dio una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) —una comisión anticorrupción creada por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco— y también especificó que daba a los fiscales del organismo un día para salir del país.

Trastocar un sistema de justicia de modo tal que ya no pueda proteger a la sociedad ni a las instituciones de las depredaciones de delincuentes poderosos es una forma de matar a una democracia, como ocurre en Guatemala. Sin embargo, las acciones ilegales de Morales en contra de la Cicig y su sabotaje intencional del Estado de derecho nunca podrían haber tenido éxito sin el apoyo aparentemente incondicional del gobierno de Donald Trump y de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Está en manos de los demócratas en la Cámara de Representantes reconocer los riesgos para Guatemala, para la región e incluso para Estados Unidos, y actuar.

La Cicig fue concebida por guatemaltecos y extranjeros a quienes les preocupaba que después de décadas de dictadura militar y guerras internas, la democracia en ciernes se estaba convirtiendo en un narco-Estado corrupto.

Se estableció que el gobierno guatemalteco podía renovar de manera periódica o anular el acuerdo que regula el mandato de la comisión y, a partir de 2007, la Cicig empezó a colaborar con el Ministerio Público de Guatemala en la investigación y procesamiento de casos de corrupción oficial y delincuencia organizada. El organismo se volvió particularmente efectivo cuando Iván Velásquez, un reconocido fiscal colombiano, fue designado para liderarlo por las Naciones Unidas en 2013.

Guatemala tiene una larga historia de corrupción presidencial. Otto Pérez Molina, quien fue jefe de inteligencia y general del ejército, pasó de la presidencia a prisión, declarado culpable de encabezar una trama de corrupción en la que participaron decenas de funcionarios más. Su predecesor inmediato, el presidente de centroizquierda Álvaro Colom, y miembros de su gabinete también fueron encarcelados por delitos de corrupción.

Durante su discurso televisado, Morales acusó a la Cicig de guardar silencio ante lo que denominó violaciones a los derechos humanos y de poner en riesgo la soberanía y la seguridad nacional de Guatemala. Junto a él aparecieron varias personas acusadas en las investigaciones de la comisión o sus parientes.

Morales dirigió la mayoría de sus acusaciones a Velásquez, a quien a finales de 2018 prohibió el ingreso al país después de un viaje que había hecho a Estados Unidos. Días antes de su discurso, Morales había anunciado que no renovaría el mandato de la comisión cuando expirara en septiembre de este año, una decisión que, aunque legal, fue ampliamente condenada.

Luego de su discurso del 7 de enero, Morales le dio a la Cicig veinticuatro horas para salir del país. El 9 de enero, poco después de que los fiscales internacionales y guatemaltecos del organismo salieron del país, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se pronunció en contra del presidente Morales, quien se negó a cumplir la orden de reinstaurar la comisión, misma que Velásquez continúa dirigiendo en el extranjero.

Con los trabajos de la comisión programados para terminar en septiembre, ¿por qué la urgencia repentina de expulsar a sus miembros?

La Cicig ha acusado al propio hermano y al hijo de Morales de fraude y ha estado investigando al presidente guatemalteco y a sus socios por posibles violaciones en el financiamiento de su campaña electoral. El 9 de enero, dos días después de que el Morales ordenó la expulsión de los fiscales de Guatemala, el hijo y el hermano del mandatario no se presentaron en el tribunal donde estaban siendo juzgados. El que sería el primer juicio, ha sido suspendido de manera indefinida debido a que el presidente revocó el mandato de la comisión.

En junio habrá elecciones nacionales en Guatemala. Cuando su periodo presidencial termine, también terminará el fuero de Morales, que impide someterlo a proceso. Morales y sus aliados políticos, económicos y militares están maniobrando para impedir contender a los candidatos que están a favor de la Cicig, en especial a la ex fiscala del país Thelma Aldana. “El golpe de Estado en cámara lenta“, como denominaron los guatemaltecos las acciones del presidente contra la Cicig, está cobrando velocidad.