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El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh),&nbsp;Hugo Maldonado, externó este sábado su preocupación por la&nbsp;reciente denuncia por parte de Honduras del tratado de extradición con Estados Unidos.



Al respecto, el defensor de derechos humanos opinó que el Gobierno debería repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral, tal como <a href="https://www.radiohrn.hn/tratado-extradicion-ee-uu-insta-honduras-repensar-decision-terminar-pacto-2024-08-29">instó Estados Unidos</a>, debido a que "no tenemos capacidad para enjuiciar a los narcos en este país".



"Honduras no puede estar dándole cabida a estas personas porque entonces nos convertimos en lo que tanto criticamos y tanto le apostamos al cambio en este país, porque estaba convertido prácticamente en un narcoestado", agregó Maldonado.



La opinión de Maldonado coincide con la de otros expertos -como el analista político, Nelson Ávila; y el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda-, quienes explican que esta falta de capacidad se debe al débil sistema de justicia actual de la nación, así como a la falta de independencia de poderes, lo cual puede obstaculizar la efectividad en el trabajo de las autoridades.



<h2>Consecuencias de la denuncia</h2>



El presidente del Codeh también habló sobre las consecuencias que traería la denuncia del tratado de extradición al pueblo hondureño, mismas que van desde <a href="https://www.radiohrn.hn/tratado-extradicion-denunciar-pone-riesgo-economia-seguridad-empleos-honduras-cohep-2024-08-29">repercusiones económicas</a> hasta la no llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih).



"Una de las primeras repercusiones va a ser que Naciones Unidas dé por terminado el acuerdo de instalar la Cicih y van a cancelar el acuerdo. Me parece que esa va a ser una de las primeras reacciones que va a tener la comunidad internacional", precisó.



Además, Hugo destacó que, tras dicha decisión, a más funcionarios hondureños se les revocaría la visa a EE. UU., mientras que otros serán mencionados a la Liga Engel.



"En los próximos seis meses va a ser fundamental. La otra situación es que vamos a tener funcionarios 'desvisados', nueva Lista Engel y toda la situación", manifestó.



Además, el defensor de DD. HH. también señaló que, en los próximos meses, diversos funcionarios "van a dejar de salir al exterior por diversas situaciones que pueda tomar el Gobierno norteamericano".



"Va a haber altos funcionarios y va a haber gente de cualquier ministerio que va a pensar dos veces salir del país. ¿Por qué cree que Honduras está llegando a Venezuela?, porque allá hay muchos funcionarios que no pueden salir por la situación que puede ser aprehendido en cualquier otro país", concluyó Hugo Maldonado.



<h3>Denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos</h3>



El Gobierno de Honduras, bajo la dirección de la presidenta Xiomara Castro, decidió el miércoles 28 de agosto <a href="https://www.radiohrn.hn/tratado-extradicion-denuncia-honduras-ee-uu-xiomara-castro-ordena-canciller-2024-08-28">denunciar el tratado de extradición</a> que se mantenía con Estados Unidos.



Dicha medida fue ordenada por la mandataria luego de que la embajadora de EE. UU. en Honduras, Laura Dogu, expresara la mañana del mismo día su preocupación por la reunión entre algunos funcionarios hondureños y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien es acusado de narcotráfico y de formar parte del Cártel de los Soles.



"Me sorprendió ver al ministro de Defensa (José Manuel Zelaya) y al jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández) sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela", expresó la diplomática extranjera.



Castro justificó su decisión rechazando una supuesta injerencia e intervencionismo por parte del país de América del Norte, lo cual catalogó como 'intolerable'.



Un día después, el jueves 29 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, aseguró que la medida fue tomada, además, debido a que al Gobierno le preocupa que Estados Unidos utilice la extradición como "arma política".



"Vemos que las condiciones que estaban dándose en la extradición, y más con este mensaje tan grave que dio la embajadora, se puede entender precisamente que también la extradición puede ser un arma de uso político y que se puede desestabilizar el país", declaró el canciller en Frente a Frente, de Canal 5.



Si finalmente se mantiene la decisión de Castro, la extradición quedaría sin efecto a partir de febrero de 2025, considerando que la denuncia del tratado tiene un periodo de vigencia de seis meses.