La economía hondureña está afectada con creces por la pandemia del covid-19, cuyos efectos apenas comienzan a ser manifestados. Las consecuencias de la peste son impredecibles.

Bajo tales adversidades, se ha iniciado la búsqueda de fondos de organismos externos para oxigenar el aparato productivo, evitar el cierre en cadena de las empresas y proteger los puestos de trabajo.

La paralización de la cadena económica ha puesto en rojo el balance de las empresas y de las industrias, con el consecuente riesgo de cerrar las plazas de trabajo y el latente peligro de que muchos de los negocios se declaren en quiebra.

De momento, se ha informado que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha puesto en disponibilidad unos 50 millones de dólares orientados a prestar auxilio a la economía que sucumbe ante la crisis.

Este organismo regional había aprobado hace unas semanas un millón de dólares para cada uno de los países del área, destinados a dar respuesta inmediata a los problemas de salud pública, fortalecer las redes de seguridad para la población vulnerable, respaldar la productividad de las Pymes, e incentivar políticas de alivio fiscal.

De su lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han pedido la suspensión del pago de la deuda de los países pobres; entre ellos Honduras, lo que permitiría que tengan liquidez inmediata para enfrentar los retos que implica la pandemia y conocer sus necesidades financieras de acuerdo con el impacto de la emergencia sobre la economía.

El Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), ha planteado la construcción de mecanismos eficaces para reducir el impacto de la pandemia en el menor tiempo posible, retomar el sistema de planificación; además, reorientar el Presupuesto de la República y operar una reingeniería del sector público.

Revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diseñar un pacto de justicia fiscal, así como la renegociación de la cartera de la deuda pública, también forman parte de las recomendaciones expuestas por la referida entidad de la sociedad civil.

Para los expertos en economía, Honduras está obligado a subsidiar los servicios de agua, energía eléctrica, y telefonía fija, permitir una mayor flexibilidad tributaria, igual como la colocación de más recursos para la asistencia humanitaria a los más desvalidos  

También se han enumerado otras acciones dirigidas a apoyar la economía informal, ofrecer estabilidad laboral, reducir la Tasa de Política Monetaria, apoyar a los sectores vulnerables y revisar las políticas del sistema bancario, con el objetivo de ponerlas en sintonía con las estrategias nacionales para abordar la actual contingencia.

El sector privado ha demandado, por su parte, la creación de un fideicomiso para servicios públicos, reformular el Presupuesto, conceder un margen más amplio en materia tributaria y buscar mecanismos que aseguren el pago de salarios a los trabajadores.

Varias de estas demandas están contempladas en el pliego de respuestas que ha sido elaborado de manera conjunta entre el Gobierno, la iniciativa privada y la dirigencia obrera.

El Gobierno ha elaborado un paquete de alivio a los sectores más afectados por la pandemia de Covid 19, básicamente consistentes en el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, a la industria turística y al sector agrícola.

El Banco Central de Honduras ha previsto que el Producto Interno Bruto crecerá en 2020 no más allá de 2.5 por ciento, bajo las condiciones más optimistas.

Como se sabe, la institución rectora de la política monetaria y cambiaria del país resolvió reducir la Tasa de Política Monetaria de 5.25 a 4.50 por ciento y bajar el interés aplicado a las facilidades Permanentes de Crédito.

De la misma manera, fijó en cero por ciento la Tasa de las Facilidades Permanentes de Inversión y suspendió las subastas diarias de letras para las instituciones financieras, con el objetivo de obtener un alivio a los préstamos bancarios y asegurar la atención a la demanda de recursos de las empresas y personas particulares.

El desafío está en encontrar las vías para abordar la contingencia de salud, atender la emergencia social de los grupos más desprotegidos y sostener la economía nacional.