Los operativos conjuntos a cargo de organismos de seguridad y del Instituto del Transporte Terrestre, a la caza de los buses “brujos”, ha dado lugar a un fuego cruzado que ha traído sus consecuencias.
Sólo en los últimos dos días fueron decomisados cerca de veinte autobuses que no tienen permiso de explotación ni autorización para prestar servicio.
Y, en lo que va de este año, han sido sacados de circulación al menos 125 automóviles turismo, microbuses y autobuses que prestan su servicio de manera irregular.
Los propietarios y conductores arreciaron sus acciones de protestas el viernes. Sus demandas son dos: que los dejen trabajar y que se dé celeridad a los trámites para su legalización.
El conflicto de los automotores que prestan su servicio ilegalmente se ha agravado, ya que el Instituto de Transporte no ha logrado encontrar los términos de una posible solución.
Entre los transportistas se ha desatado una dura confrontación. Los llamados “legales“, dicen que no están dispuestos a permitir que continúe lo que ellos consideran “competencia desleal“.
Y quienes se han metido en el negocio, pero que no cuentan con la autorización de las dependencias estatales, arguyen que tienen derecho a participar en el mercado, porque es su fuente de ingresos.
Funcionarios del Instituto Hondureño de Transporte han recordado que desde 2017 fue declarada una veda en la extensión de permisos para la explotación de rutas por saturación de las mismas.
Por ahora, únicamente se ha planteado como una salida al problema un proyecto de modernización que supuestamente sería puesto en vigor a finales de 2020.
Muchos de los autobuses, cuya operación está prohibida, comenzaron a ofrecer el servicio en aquellos sectores donde las unidades regulares dejaron de circular por el acoso de los extorsionadores.
Otros dirigentes se involucraron en el rubro para generar sus ingresos. Pero, sus rivales, los que están “legalizados” y “regulados”, acusaron el año pasado que el 80 por ciento de los buses “brujitos” habían sido adquiridos con dinero de la extorsión.
Los denunciantes exigieron desde entonces al Gobierno que se realizara una investigación profunda sobre la procedencia de los fondos utilizados para la compra de dichos automotores.
¿Cuál es la salida a la crisis derivada de la confrontación entre los transportistas “legítimos y reglamentados” y a quienes se les ha calificado como “torcidos o ilegales”?
