Para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) se trata de “Vinos nuevos en odres viejos”. El ante proyecto de Presupuesto para el año 2020 es un presupuesto nuevo, bajo estructuras y lineamientos viejos. La política fiscal de Honduras no se podría cambiar en un año a pesar de los esfuerzos que puedan emprender las autoridades de finanzas. Como derivación de lo anterior se puede deducir que, el aumento del Presupuesto Público 2020 es de orden vegetativo, un crecimiento sin duda menor que el esperado, debido a las condiciones socio económicas del país (cifras oficiales reportan una ralentización del crecimiento económico). Aumento limitado a cambiar el desmejoramiento de la calidad de vida de las mayorías y trata de solventar los compromisos contraídos por los gobiernos desde el endeudamiento, hasta la burocracia.
El Presupuesto General de la República 2020 recomendado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para que sea aprobado por el Congreso Nacional, tendrá un incremento de L 21,127 millones (aumento de 8% con respecto al Presupuesto Aprobado 2019); L 17,513 millones corresponden de aumento a la Administración Descentralizada (ampliación del 16% con respecto al 2019) y L 3,614 millones a la Administración Central (aumento de 2.4% respecto al Presupuesto Aprobado 2019) estimando un presupuesto total de L 282,805 millones, alrededor de un 45% del Producto Interno Bruto (PIB). Se podría argumentar que Honduras es casi una economía estatal, sin embargo, sin un mínimo de bienestar. El peso de la Administración Pública es demasiado grande y paradójicamente, se perpetúan los problemas estructurales de la sociedad y, con la cantidad de recursos que maneja debe ser todo lo contrario.
Dada la magnitud del anteproyecto de Presupuesto 2020 surgen algunos cuestionamientos ¿hacia dónde se direccionan los recursos?, ¿cómo se financiará el presupuesto?, ¿cuánto se asignará al Servicio de Deuda?, ¿a cuánto asciende los recursos para burocracia?, ¿es un Presupuesto estratégico para el desarrollo?, ¿qué efectos generará tal monto en Honduras?,… además, con la débil gobernabilidad, decadente justicia, y falta de respuesta de la Administración Pública a las dificultades de la sociedad aumentando de inmediato el descontento y las manifestaciones ciudadanas ¿cuánto destinamos a las fuerzas del orden?, entre otras.
Asignaciones. Según las Disposiciones del Presupuesto 2020, el gasto de la Administración Central estará enfocado en el Servicio de la Deuda con L 42,535.3 millones (aunque a criterio del FOSDEH, este monto será ampliamente superior al final del período, como ocurre históricamente), representando un 27% del Presupuesto Administración Central 2020 (10.4 % más respecto al Presupuesto Aprobado del año 2019). La Secretaría de Educación representará un 19% con L 29,820.6 millones (-0.2 %, respecto al año 2019), la Secretaría de Salud representará un 10%, equivalente a L 15,765.2 millones (7 % más respecto del año 2019), de Seguridad y Defensa un 9.8% con L 15,285.6 millones (1.23 % más que en el año 2019).
El Presupuesto de la Administración Central en los últimos 10 años ha sufrido un incremento de 145% (Aproximadamente L 68 mil millones Aprobado en el año 2010 y, L 155 mil millones proyectado para el 2020), se ha más que duplicado; no obstante, a la Secretaría de Educación se destinaban en el año 2010 un 32% y, 14 % a la Secretaría de Salud del Presupuesto de la Administración Central. Existen otras instancias de suma importancia, no obstante, para una función del Estado coexisten hasta 5 instituciones, por ejemplo, realizar obras de infraestructura. Algunas, a pesar de su objeto de creación, su cierre no cambiaría mucho la economía del país.
Con estas cifras se observa el deterioro en la asignación presupuestaria a las Secretarías más importantes del país. Para la Administración Descentralizada por su dinámica de recursos propios necesita otro tratamiento, sin embargo, por algunas instancias y empresas estatales que se encuentran en déficit, de nuestros impuestos y de la nueva deuda se transferirán en el 2020 más de L 8,500 millones para este sector del gobierno. De igual manera, pareciera que aún con las proyecciones nada alentadoras de la economía del país, para la Administración Descentralizada se propone incrementar un 16% con respecto al año 2019, nada coherente con la realidad los bolsillos de ciudadanos y de la empresa privada para financiar los institutos de previsión, sumado los señalamientos de la situación financiera de algunos de ellos, por ejemplo.
Financiamiento. La tendencia para financiar el Presupuesto en la última década se plantea a través del nuevo endeudamiento público (para cubrir el Presupuesto 2020 se va a adquirir L 35,650 millones entre Prestamos y Títulos de Deuda, con un incremento del 5% con respecto al año 2019, para el año 2010 se aprobaron L 16,128 millones). Asimismo, intensificando una relación áspera con el “obligado tributario”, aunque los Ingresos Tributarios se proyecta un moderado crecimiento de 1.2% (llegarán a L 109,721 millones para el año 2020), y posiblemente poner en marcha el Monotributo.
La Presión Tributaria de Honduras (Ingresos Tributarios con respecto al PIB) es de la más alta de la región (sólo nos supera Costa Rica, debido que incluyen en los ingresos tributarios, la Seguridad Social). Para el año 2019 se estima a más del 17% del PIB. La recaudación tributaria, afianza la regresividad fiscal debido que la principal fuente sigue siendo los impuestos indirectos, lo cual impacta en el que menos tiene.
Deuda Pública. El FOSDEH ha planteado históricamente la necesidad de una Auditoria Forense de la Deuda Pública, no se puede seguir pagando deuda que posiblemente sea odiosa y/o ilegitima (conceptos que se debaten a nivel mundial, debido que se contrae deuda, por ejemplo, para realizar obras y nunca se hacen, o sobrevaloradas, también, de gobierno ilegítimos). La Auditoria nos daría pauta para una Estrategia de Desendeudamiento más allá de lo que escuchamos; que es “sostenible”, y así, readecuar la asignación presupuestaria a temas prioritarios. No es posible que de L 100 recaudado por Ingresos Tributarios para el año 2020 se vayan a pagar deuda L 39. Es decir, el Servicio de la Deuda representa el 39% del total de los Ingresos Tributarios.
Fragilidad democrática. Se sigue presupuestando el Tribunal Supremo Electoral con L 133 millones ¿y las nuevas instancias del Sistema Electoral?, el presupuesto 2020 no está de acorde con las visiones políticas y fortalecimiento de la Democracia en Honduras, sin contar el endeudamiento público del Registro Nacional de las Personas (RNP) para que no sigan “votando muertos”. Acaso iremos a elecciones primarias y/o generales con unas instituciones anémicas, sin haber creado condiciones presupuestarias y de capacidad instalada. Resaltando que “La democracia no sólo son elecciones”, pero todo lo anterior, abonaría a mejorarla, y tiene un costo.
Mantenemos reservas sobre los Activos Financieros (Fideicomisos). El uso y abuso de los fideicomisos en la Administración Pública se ha observado, sin tener una Ley de Fideicomisos de fondos públicos. Lo que el FOSDEH mantiene reserva sobre la toma de decisiones en los Comité Técnicos, y el destino de los recursos. En algunos casos, instituciones con serios cuestionamientos e intervenidos como BANADESA, maneje tantos fideicomisos. O el manejo del Fideicomiso Vida Mejor, la Tasas de Seguridad y ahora, el de Infraestructura Productiva que manejará Invest-HN. Sin duda, hay avances como la Unidad de la Secretaria de Finanzas, no obstante, también existe una creciente utilización de este vehículo financiero en los bancos privados.
Inversión Pública. A pesar de generar un concepto abultado de la inversión pública, esta, entre inversión en “Capital Humano”, Alianzas Público-Privadas, Modernización del Estado, entre otros, se ha ido disminuyendo desde el 2016 (aprobando L 26,304 millones, y proyectado para el año 2020 unos L 25,211 millones). la realidad es que para infraestructura productiva es mucho menor, menos del 45% del total de la “Inversión Pública”.
Exoneraciones Fiscales. Contradictoriamente a la Presión tributaria, también tenemos el Gasto Tributario más alto de Latino América (ingresos que no se perciben por diversas exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras a diferentes rubros). Por lo que reconocemos presentar un anteproyecto de Ley para normar los privilegios fiscales en el país, colocar la temporalidad de goce, y otras regulaciones, sin duda bajo los criterios de “Justicia Fiscal” como lo manda la Constitución de la República y la competitiva del país. La SEFIN cuantifican el costo económico por concepto de exoneraciones en 7 % del PIB, aproximadamente L 40,060 millones para el año 2018.
Además del ante proyecto de ley sobre gasto tributario, el FOSDEH demanda por la formulación de una verdadera política de Gasto Tributario en el país, donde las exoneraciones fiscales sean incluidas dentro del del Presupuesto General de la República para su aprobación por el Congreso Nacional y con ello, lograr una reducción gradual de los beneficios fiscales en el mediano y largo plazo.
Mitigación a los cambios climáticos. Existe una línea delgada entre el gasto público de algunas instituciones, asignándole con Marcaje del Presupuesto para el Cambio Climático, sobrevalorando el monto total que el Estado invierte en dicho tema. Es necesario puntualizar los programas y proyectos de algunas Secretarías para mitigar realmente el cambio climático. De esta manera, contabilizar de la mejor manera los productos y resultados.
Desarrollo del país. Más allá de cuanto se gasta o invierte, debemos preguntarnos del cómo, es decir, la calidad del gasto. Sin embargo, debemos ir más profundo, por qué; el impacto en la sociedad y las mejoras de bienestar. Cada lempira asignado debe producir un efecto multiplicador en el consumo, ahorro, inversión, calidad humana, por ejemplo. Además, debemos consolidar el gasto asignado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).
Continuar con procesos de transparencia y rendición de cuentas. Somos conscientes sobre los esfuerzos de implementar mecanismos de participación ciudadana en la formulación del Presupuesto 2020, sumado a la mejora del portal web de la Secretaría de Finanzas, colocar los datos en datos abiertos, entre otras cosas. Lo que debe ampliar la discusión y debate, sobre todo, territorializar las reuniones y las especializaciones de grupos, en todo caso, tenemos ya las herramientas del Plan y Visión de País. La Encuesta de Presupuesto Abierto (IBP por sus siglas en ingles) para el año 2017 califica a Honduras con un 7% en participación ciudadana.
La Corrupción e Impunidad como un azote persistente. Coexiste un tema que mantiene al país anclado en las honduras del desarrollo; la corrupción e impunidad. La organización Transparencia Internacional califica al país con 29/100 tanto en el año 2017 como en 2018. La corrupción es un problema firme dentro del universo de problemas de país. A pesar de los llamados de atención de indicadores internacionales y del malestar de la población, el presupuesto proyectado para el año 2020 tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial no sobrepasa los L 4,706.78 millones de forma conjunta para el año 2020. Por ejemplo, sólo lo que deja de percibir el Estado por concepto de Gasto Tributario en el año 2018 es 8.51 veces más alto que lo asignado a estas instancias. Vale preguntarse, entonces ¿Qué tan comprometido está el Gobierno con la lucha contra la corrupción e impunidad?
No podemos hablar de un Presupuesto General de la República eficiente en tanto no se elimine la corrupción en los órganos administrativos y operativos del Estado.
Congreso Nacional. Nuevamente se presenta la oportunidad de los Diputados y Diputadas de analizar, re formular y direccionar los recursos del Estado… como todos los años. La Comisión de Presupuesto debe detalladamente revisar el presupuesto, plantear las necesidades de los que representan en los territorios para que no estén en medio del año modificando el presupuesto, así, abonando a la indisciplina fiscal. Luego, trasladar sus observaciones a los demás parlamentarios y debatirlo sin dispensas Debates, una exigencia del FOSDEH y la ciudadanía en general.
