Fondo Departamental: ¿Nuevo pacto de impunidad?

Les ha llovido sobre mojado a los diputados que hace unos días votaron a favor de reactivar el Fondo Social Departamental, una iniciativa que ha sido catalogada como una vía allanada para la corrupción.

La puesta en vigencia de este esquema que había sido suspendido ha abierto una polémica y generado las discusiones más calientes sobre la impunidad, la aplicación manipulada de las leyes, el debilitamiento de la acción penal y el afianzamiento de la podredumbre en el manejo de los recursos públicos.

Una opinión del Ministerio Público es contundente en el sentido que la  controversial legislación crea una nueva figura jurídica que omite las reglas de la Constitución y evade el orden establecido, con lo cual impide la acción de la Fiscalía en la investigación de los ilícitos penales derivados.

En comunión con tales juicios de valor, organismos de la sociedad civil consideran que el Fondo Departamental extiende inmunidad a los legisladores y a otros actores que hayan manejado inadecuadamente los recursos del Estado dirigidos a proyectos sociales.

Los criterios expuestos por diversos grupos contra el Fondo Social Departamental son terminantes y extremos; no sólo esto, sino que deja clavada la duda que este mecanismo que ha sido revivido con suma rapidez protege los corruptos y le da sustento a un pacto de impunidad.

No son tan simples o ayunas de fundamento las sospechas alrededor de la normativa aprobada para la concesión de recursos públicos bajo la supuesta causa de impulsar el progreso departamental.

Los efectos de dicha incertidumbre resultan destructivos para la credibilidad de la clase política ante la población. Y es que los políticos, en su gran mayoría, ya perdieron el temor a pagar el precio de su descalificación.

Tendrían, en su lugar, que darle el valor que merece la designación del poder popular y de valorar el privilegio de recibir el voto de los hondureños en las urnas.

El descrédito, las dudas, la desconfianza son los calificativos que hoy día caen como lápida sobre la mayoría de los funcionarios públicos por sus opacas actuaciones, sus adulteradas motivaciones y encubiertas decisiones.

No es –pues- lo más consecuente que en el Poder Legislativo se abran más fisuras y se tejan espesas telarañas sobre los contrapesos de la transparencia y de la rendición de cuentas.